MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular y CiU ha rechazado en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados que el Gobierno establezca un mecanismo legal de control parlamentario y rendición de cuentas sobre los indultos concedidos y que estos puedan llegar a ser recurridos ante los tribunales.
Estas formaciones han votado en contra de la proposición no de ley presentada por Unión Progreso y Democracia (UPyD), que también plantea la elaboración de un informe anual conjunto entre los Ministerios de Justicia y Defensa que detallen las medidas de gracia concedidas y los motivos de justicia, equidad o utilidad pública que las han justificado.
La iniciativa, que ha recibido 25 votos en contra, quince a favor y dos abstenciones, ha contado con el apoyo del PSOE, la Izquierda Plural y Amaiur. Estos grupos han apostado por enviar una "señal inequívoca" a la sociedad de que las instituciones están luchando "de verdad" contra la corrupción y los delincuentes de cuello blanco no gozan de "impunidad".
Desde CiU, la diputada Montserrat Surroca ha precisado que su grupo respalda la necesidad de acometer una "profunda revisión" de la institución del indulto, pero no comparte los términos en los que está planteada la iniciativa de UPyD. "Al calor de casos determinados que han alarmado a la sociedad y de forma parcheada", ha argumentado.
Sin embargo, el portavoz del PSOE en Justicia, Julio Villarrubia, ha destacado la necesidad de poner al día la normativa vigente porque "discrecionalidad no puede ser sinónimo de arbitrariedad" y la ciudadanía no puede percibir que la corrupción política y económica es impune.
En esta misma línea, se ha expresado el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares, que ha rechazado que el indulto sea la "válvula de escape de la corrupción política o el poder económico". "Para eso no está la institución del indulto. Es una perversión que habla de una Justicia de primera y de segunda", ha añadido.
POSTURA DEL PP
Por contra, el diputado del Partido Popular Francisco Molinedo ha recordado que el poder legislativo controla la actividad del poder ejecutivo a través de interpelaciones y preguntas, como la que mañana responde el ministro Alberto Ruiz-Gallardón sobre la petición de indulto del ex ministro Jaume Matas.
En todo caso, ha apuntado que se trata de una prerrogativa del Poder Ejecutivo y que, en este sentido, la legislación española "no es un caso aislado si examinamos el derecho comparado de países como Francia, Alemania o Italia".
"No pertenece a la esfera de la discrecionalidad, sino de lo agraciable y prueba de ello es que el Gobierno concede el 7 por ciento de los indultos que se solicitan", ha indicado, para recordar que el Gobierno tiene encima de la mesa los expedientes del tribunal sentenciador y del fiscal.
"En muchos casos el motivo del indulto afecta a la esfera íntima, personal, familiar o médica", ha indicado el parlamentario del PP, para rechazar la propuesta de recurrir el fondo de los indultos ya que "equivaldría a suprimir la prerrogativa de gracia y transferir su control a los órganos judiciales".
Esta iniciativa, que UPyD registró hace ahora un año, vuelve a ser actualidad después de que en las últimas semanas el expresidente balear Jaume Matas, el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, o el torero José Ortega Cano hayan presentado al Gobierno sendas peticiones de indulto.
La diputada de UPyD Rosa Díez ha sido la encargada de presentar esta proposición no de ley ante las prerrogativas concedidas bajo la "opacidad" y prescindiendo de un control y una motivación que justifique las razones de justicia, equidad o utilidad pública que los soporten.
La formación magenta justifica su iniciativa tras observar cómo los distintos gobiernos han utilizado de forma "espuria" la prerrogativa del indulto por "inconfesables" motivos que, a su juicio, "no tienen que ver" con su verdadera finalidad, "sino para compensar determinados favores o beneficiar a cargos públicos o empresarios vinculados al poder".
"HAY CIERTOS ESPACIOS DE IMPUNIDAD"
A su juicio, este proceder no sólo transmite una imagen de "absoluta arbitrariedad, desprestigiando la política y a la propia Administración de justicia", sino traslada a la ciudadanía la idea de que la justicia "no es igual para todos, sino que perviven ciertos espacios de impunidad".
Como ejemplos cita el indulto al banquero Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco Santander, que le concedió el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, o el que el actual Ejecutivo dio a Josep María Servitje Roca, exsecretario general de Trabajo de la Generalitat catalana durante el mandato de Jordi Pujol, y a un empresario, ambos condenados en 2009 por prevaricación y malversación de fondos públicos por el llamado 'caso Trabajo'.
Tampoco olvida la formación magenta los indultos que el Gobierno de Mariano Rajoy concedió a los cuatros mossos d'Esquadra condenados por las torturas infligidas a un ciudadano rumano, un caso que, según apunta, causó "una innegable conmoción" a la opinión pública.
INFORME ANUAL ANTE CONGRESO
Además, y para evitar "abusos", la iniciativa busca que se exija la necesidad de motivar las razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifican esta prerrogativa y que, en caso de que se acuerde con la opinión desfavorable de los tribunales, incluir las razones por las que se ha decidido apartarse de esos criterios.
Asimismo, UPyD aboga por que se arbitre la posibilidad legal de recurrir ante lo contencioso-administrativo la concesión del indulto por la Fiscalía, las acusaciones o los perjudicados u ofendidos por el delito si se ha concedido de forma "ilógica, fraudulenta o con alarma social". "La única forma de combatir la eventual arbitrariedad del Ejecutivo es introduciendo un control jurisdiccional", arguye el texto.
