MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
La propuesta del Gobierno de permitir escuchas telefónicas sin permiso judicial bajo determinadas condiciones, recogida en el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pasará esta semana su primer test en el Pleno del Congreso, donde el PSOE pedirá explicaciones al ministro de Justicia, Rafal Catalá, y CiU forzará una votación presumiblemente el jueves.
La diputada balear del PSOE y miembro de la dirección del Grupo Socialista en el Congreso, Sofía Herranz, será encargada de plantear la pregunta al titular de Justicia, Rafael Catalá. "¿Considera que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, en materia de intervención de las comunicaciones, respeta las garantías constitucionales", reza el interrogante registrado.
La votación se producirá en torno a una moción de CiU que es consecuencia de la interpelación que el pasado miércoles el portavoz de Interior de los nacionalistas catalanes, Feliu Guillaumes, dirigió al ministro del ramo, Jorge Fernández Díaz, al que pidió explicaciones por la "guerra sucia" que, a su juicio, desarrolla el departamento que dirige en Cataluña.
En principio, CiU se centraba en denunciar las informaciones "sesgadas" y "falsas" que sobre distintos líderes catalanes, entre ellos el presidente de la Generalitat, Artur Mas, o el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, han estado siendo filtradas desde su Ministerio a los medios de comunicación como una campaña contra el soberanismo. El ministro negó la mayor e incluso animó a CiU a ir al "psiquiatra" por su "obsesión" y por "ver persecuciones en sueños".
POR CONCULCAR DERECHOS FUNDAMENTALES
Pero en su moción, que recoge Europa Press, los nacionalistas catalanes también instan al Ejecutivo a retirar la propuesta contenida en el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que otorga al Ministerio del Interior la potestad de ordenar, sin autorización judicial previa, intervenciones telefónicas y de otra índole "por conculcar derechos fundamentales". La moción de CiU podría debatirse este miércoles en el Pleno del Congreso, aunque la votación se calcula ya para el jueves.
Al margen de este polémico punto de las escuchas policiales, sobre el que el propio Catalá comentó recientemente que espera que finalmente pueda llegar a un acuerdo con la oposición, la iniciativa de CiU también pide al Gobierno cambios en su política de Interior hacia Cataluña.
Así, le exige que garantice "el pleno respeto" a la legalidad y a los derechos fundamentales de los ciudadanos y que no haya filtraciones sobre informaciones "tendenciosas" o "interesadas" respecto de las investigaciones que realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado "con fines políticos".
RECHAZO A FILTRACIONES TENDENCIOSAS
Además, pide al Gobierno que informe sobre el incremento de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que han sido destacados en esa comunidad en el periodo 2012-2014, así como el coste anual que éstos suponen a la arcas del Estado.
Por último, CiU busca que el Gobierno garantice que las diferentes unidades policiales en que se organizan los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado desarrollen sus funciones "con exclusiva sujeción" a la reglamentación interna que desarrolla la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía y la Dirección General de la Guardia Civil, con especial atención a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Unidad de Asuntos Internos.
El grupo que capitanea Josep Antoni Duran i Lleida plantea este último punto después de haber denunciado la existencia de una unidad policial específica en Cataluña que supuestamente estaría destinada a rastrear información sobre presuntas irregularidades y delitos de políticos catalanes para utilizarla en contra del proceso soberanista catalán, un extremo que el titular de Interior negó esta semana asegurando que se trataba de una información "absolutamente falsa".
