Impulsar la mediación, juzgados especializados, o el derecho de opción lingüística entre las propuestas que se discutirán mañana en el Congreso

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista propondrá este miércoles al Pleno del Congreso que se encargue al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) un Plan de Choque en la justicia que acabe con la "mala organización" y ponga remedio a la "lentitud y los cuellos de botella" en las jurisdicciones más colapsadas.

Esta es una de las más de 120 propuestas de resolución a las que ha tenido acceso Europa Press y que han sido presentadas por los grupos a la Memoria del CGPJ de 2014 --la última presentada en la Cámara-- para su votación en el Congreso de los Diputados este miércoles. Entre ellas destaca el refuerzo a los tribunales que tratan temas de corrupción y la apuesta por la mediación como método alternativo a la resolución de conflictos.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea propone al respecto que se dote de más juzgados para rebajar la "alarmante" saturación en diversos partidos judiciales del país, haciendo especial hincapié en la situación de Galicia, y también solicita que se creen más juzgados especializados.

Otra de las reivindicaciones compartidas por los grupos es la de implantar un sistema de formación de personal de justicia de cara a mejorar el servicio que se presta a los ciudadanos y en concreto que se doten de más medios el servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género.

El PNV reclama, en este punto, que se impulsen medidas que refuercen la protección de los hijos menores que padecen violencia de género en su núcleo familiar, mientras que Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pide medidas para atender la paridad entre hombres y mujeres.

USO DE LAS LENGUAS COOFICIALES

A propuesta del grupo En Comú y el Grupo Mixto se insta también al CGPJ a que se haga efectivo el derecho de opción lingüística de la ciudadanía, adoptando medidas de discriminación positiva en defensa de las lenguas cooficiales propias de cada comunidad autónoma y normalizando su uso en las comunicaciones en la Administración de Justicia.

El grupo EAJ-PNV añade que en los planes de formación continua se provea sobre una formación específica para la utilización de las diferentes lenguas cooficiales y desde el Partit Demòcrata Català (antigua Convergència) piden medidas que refuercen el uso del catalán y que se tengan en cuenta como "requisitos" y no como "méritos".

También propone --al igual que ERC-- la mediación intrajudicial como mecanismo complementario a la resolución de conflictos y apuesta por la formación de jueces y magistrados en este campo concreto. Desde el grupo parlamentario de Ciudadanos piden que se fomente este método alternativo particularmente en el orden jurisdiccional civil.

Al respecto el grupo parlamentario popular reclama que se adopten medidas de impulso a la mediación aumentando la formación de jueces en esta materia y fomentando el incremento de órganos que deriven en mediación penal.

INDEPENDENCIA JUDICIAL

La formación naranja reconoce en sus propuestas el "esfuerzo" realizado con la implantación del portal de transparencia pero solicita que en los procesos de nombramientos de altos cargos de audiencias provinciales, tribunales superiores y Tribunal Supremo se especifique la baremación de los méritos de cada candidato.

También la revisión de los criterios de compatibilidad que regulan la asistencia de jueces y magistrados a cursos de formación y conferencias que, a su juicio, pueden poner en duda su "imparcialidad", y la "necesaria" formación y especialización del personal de justicia para no comprometer la imagen de independencia.

El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha pedido además al órgano de gobierno de jueces que ponga en marcha un manual de 'respuesta rápida' frente a los ataques que pueda sufrir la independencia judicial, y reforzar los mecanismos internos de democracia para que los vocales intervengan en condición de igualdad en la toma de decisiones.

Desde la formación socialista se insiste en que se trabaje de cara a reducir los tiempos medios de respuesta de los procedimientos, poniendo el foco en el Tribunal Supremo, donde, según explican en su batería de propuestas, la duración media sigue una línea de incremento.

A propuesta de del grupo parlamentario de Podemos y sus confluencias se solicita además modificar los sistemas de inspección dotándolos de un presupuesto suficiente que permita su gestión eficaz y resolutiva; al tiempo que piden que se analicen las razones por las cuáles existe un volumen de sentencias no ejecutadas en un número que consideran "desproporcionado" (62% en 2014 según el informe Wolters-Kluwers).

Por su parte, el PNV reivindica que se incluya en la Memoria un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en lo relativo a "desconcentrar" algunas de las funciones en los Consejos de Justicia Autonómicos y para que aquellas comunidades con competencias en justicia puedan asumir la gestión de los letrados de la Administración.

REGISTRO CIVIL

Mejorar las funciones del registro civil es otro de los aspectos que proponen los grupos parlamentarios, que hacen hincapié en que sea "público y gratuito", en sintonía con lo anunciado con el ministro del ramo, Rafael Catalá, quien en la anterior legislatura ya paralizó la reforma en la que se pretendía atribuir este órgano los registradores mercantiles.

Los partidos se pronuncian a favor de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y proponen además que se respete el Plan de Igualdad de la Carrera Judicial en materia de nombramientos discrecionales de miembros de la cúpula judicial, con especial atención al criterio de preferencia de mujeres en igualdad de méritos con el objetivo de avanzar hacia la paridad.

Otra de las reivindicaciones por parte de los grupos de Unidos Podemos y de Ciudadanos es la de mejorar el sistema de comunicación Lexnet para acabar con las "disfuncionalidades" de este modelo. Ya en la pasada legislatura, formaciones como la que preside Albert Rivera registraron una Proposición No de Ley (PNL) en la cámara baja para instar al Ejecutivo a que mejorase el actual modelo.

Ciudadanos también propone al CGPJ que colabore activamente en la adopción de medidas que resuelvan activamente la implantación de la nueva Oficina Judicial y junto con el PNV demandan la creación de un Libro Blanco de Justicia.

La cámara baja también insta al CGPJ que elabore un informe sobre el proyecto de Ley anunciado por el Ejecutivo sobre la reforma de la Ley de Planta y Demarcación Judicial. En este punto concreto el grupo parlamentario popular y el socialista reclaman al órgano de gobierno de jueces a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Justicia para adecuar las necesidades de la Administración.

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