MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE y el PP se han puesto de acuerdo este miércoles en el Congreso de los Diputados para rechazar la propuesta del PNV de que las políticas autonómicas se incorporen de manera "directa" a las estructuras organizativas que establece el Sistema Schengen para las fuerzas de seguridad europeas, así como al acceso de información que dimana de esta entidad.
Los dos partidos han votado en contra de la proposición no de ley defendida en la Comisión de Interior de la Cámara Baja por el diputado nacionalista Emilio Olabarria, quien ha denunciado que la falta de representación directa de las policías autonómicas en las estructuras del Sistema Schengen "merman notablemente" sus posibilidades de funcionamiento e influyen negativamente en su tarea de mantener la seguridad ciudadana.
Olabarria ha defendido que dado que las policías autonómicas tienen competencias plenas excepto en el control de fronteras y costas y la emisión de DNI y pasaportes, "carece de sentido" excluirlas de los mecanismos de información o de las estructuras policiales existentes en la Unión Europea.
"Se puede argumentar por razones políticas o por conveniencia, pero no hay fundamentación de carácter jurídico", ha insistido el diputado del PNV, que ha tildado de "arbitraria" esta exclusión.
Sin embargo, PSOE y PP han coincidido en sostener que el acceso a esta información está garantizado por el resto de cuerpos policiales, por lo que han considerado que lo que exige el PNV "hoy es una realidad".
En concreto, la diputada 'popular' Cayetana Alvarez de Toledo ha subrayado que el intercambio de información entre cuerpos policiales en España es "cada vez más fluido, muy importante y muy positivo". A su juicio, la incorporación directa en las estructuras europeas podría en cambio "fomentar la dispersión o la descoordinación".
RIESGOS LABORALES EN LAS FYCSE
Por otra parte, también ha rechazado la Comisión de Interior una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre los riesgos laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la que se pedía al Gobierno un Plan de Prevención específico con actuaciones concretas para mejorar la salud laboral de los policías nacionales y guardias civiles, así como información anual sobre la evolución de las bajas, con especial referencia a las causadas en acto de servicio, las psicológicas y el número de días perdidos como consecuencia de ellas.
El portavoz de Interior del PP en la Cámara Baja, Ignacio Cosidó, ha denunciado la "absoluta falta de respuesta" por parte del Gobierno ante el "elevado número de bajas" en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que, sólo en 2008, supusieron el equivalente a 895.228 días de trabajo. Según este diputado, "lo que está en juego es la seguridad, la integridad física y la vida de muchos funcionarios de Policía y guardias civiles que asumen que su profesión tiene un riesgo", pero a los que hay que responder siendo "especialmente rigurosos".
La diputada del PSOE Mª del Mar Arnaiz ha tildado de "grotesco" el análisis del principal partido de la oposición, ya que, a su juicio, en el aumento en el número de bajas aducido por el PP también ha influido el incremento en el número de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado. "A más personal, más situaciones de baja que pueden plantearse, no busquen tres pies al gato" ha dicho.
Los diputados de PNV, Emilio Olabarria, y CiU, Mª Mercè Pigem, han coincidido en señalar que ya existe regulación sobre esta materia y, en palabras de la parlamentaria catalana, "lo que hay que hacer es cumplir lo que se dispone" antes de decidir sobre la necesidad de nuevos planes.
RECHAZO A ALMACENES PARA DROGA INCAUTADA
Igualmente, ha sido rechazada otra proposición no de ley también presentada por el PP que pedía al Gobierno la construcción de almacenes para la custodia de droga hasta su posterior destrucción "en todas las provincias españolas con alto índice de incautación".
El diputado del Grupo Popular que ha defendido la propuesta, Aurelio Sánchez Ramos, ha explicado que con esta iniciativa se busca solucionar "un grave problema" en algunos territorios, en los que la cantidad de droga incautada supera la capacidad de almacenamiento, sin "garantías de seguridad" ni "vigilancia" en la mayoría de los casos.
Sánchez Ramos ha reconocido que la "solución efectiva" sería construir "incineradores in situ" en lugares con acumulación de incautaciones, aunque ha reconocido que la situación económica no lo permite. Más factible sería, a su juicio, la creación de estos almacenes temporales.
Sin embargo, en opinión del PSOE, esta propuesta tampoco es viable en la actual coyuntura, aunque su diputada Eloísa Alvarez ha reconocido que existe una "problemática" en esta materia. A su juicio, no es adecuado acometer nuevos gastos sino "dotar de efectividad" a los instrumentos creados para la destrucción de la droga.
De manera similar, la diputada de UPyD, Rosa Díez, ha recalcado que lo importante sería "acelerar la destrucción", después de conservar la cantidad de droga suficiente para los posibles contra análisis solicitados, tal y como contempla la legislación actual.
El PNV y CiU también han coincidido en tildar de grave la situación por la incautación de importantes cantidades de droga, pero igualmente han estado de acuerdo en rechazar la propuesta del PP por ser "desmesurada" y "poco concreta".
