Denuncia que "se imponga" a algunas empleadas trabajar con internos varones y pide crear el Observatorio para la funcionaria de prisiones
MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -
La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha preguntado al Gobierno qué medidas de seguridad ha establecido para garantizar la seguridad de las funcionarias de prisiones que trabajan "en los departamentos de hombres", teniendo en cuenta la masificación, escasez de personal y aumento de la conflictividad registrados, a su juicio, en las cárceles.
Rosa Díez ha registrado una serie de preguntas parlamentarias registradas en la Mesa de la Cámara Baja, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que muestra su preocupación sobre las condiciones laborales de las funcionarias tras la entrada en vigor de la Unificación de Escalas en los Cuerpos de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias.
A raíz de la entrada en vigor de la Ley de Igualdad, se dieron por extinguidas en 2007 las escalas masculina y femenina en el funcionariado de prisiones, unificándolas en un único Cuerpo de Ayudantes. Un año después, se desarrollaron mediante real decreto los criterios para la aplicación de la integración de las extintas escalas diferenciadas por razón del sexo.
CAUTELAS ANTE LA CONFLICTIVIDAD
A este respecto, la diputada de UPyD insta al Gobierno a responder sobre las "cautelas en materia de seguridad" que adoptará para las funcionarias mujeres que trabajan en los módulos de hombres, a la vista de las condiciones de hacinamiento y "elevación de la conflictividad" en los centros penitenciarios.
Después de recordar que la normativa ya contempla actuaciones que preservan la dignidad e intimidad de los reclusos (la Ley establece que los cacheos con desnudo integral se efectúen por personal funcionario del mismo sexo), Díez interpela sobre la protección de las trabajadoras que desempeñan sus funciones en "los departamentos de hombres".
La parlamentaria de UPyD también exhorta al Gobierno a dar a conocer cuando creará "el Observatorio para la mujer, funcionaria de prisiones" y recuerda que observatorios relativos a la mujer en las Fuerzas Armadas, en la Policía y la Guardia Civil o sobre la violencia de género ya están en funcionamiento desde hace años.
Asimismo, pide saber la fecha en la que el Ejecutivo tiene previsto elaborar el estudio sobre el impacto de género para el colectivo de mujeres --2.000 funcionarias y 8.000 internas-- en el ámbito penitenciario que, "por imperativo legal", debería haber presentado en 2008 cuando se aprobó el citado Real Decreto.
LIBERTAD DE ELECCIÓN
Por otra parte, Rosa Díez denuncia que Instituciones Penitenciarias está "imponiendo" a las funcionarias de la extinta escala femenina el módulo en el que desempeñarán sus funciones y pide al Departamento de Mercedes Gallizo que aclare si estas 2.000 trabajadoras podrán elegir si desean "trabajar o no en contacto directo con reclusos masculinos". "Sin que dicha elección disminuya las posibilidades de promoción en su carrera administrativa", advierte.
En este punto, censura el rechazo de reclamaciones presentadas por varias funcionarias que solicitaban expresamente no trabajar con reclusos varones. Además, cuestiona cómo se justifica que en los centros de Córdoba, Teixeiro (Pontevedra) y León se obligue a algunas funcionarias que tenían adjudicada una plaza en atención a mujeres a desempeñar su trabajo con hombres.
En los últimos meses se han suscitado diversas polémicas por relaciones entre funcionarios y presos de distintos sexo. En la cárcel madrileña de Valdemoro, Instituciones Penitenciarias ha investigado una posible relación entre un preso y una estudiante de Psicología que realizaba prácticas en el mes de julio. Meses antes, Prisiones destituyó a la dirección de la cárcel de Alcalá Meco (Madrid) y suspendió de empleo y sueldo a dos de sus funcionarios por "comportamientos inaceptables" al conocerse que algunas reclusas podrían haber mantenido relaciones sexuales a cambio de favores.
