Aseguran que muchos parlamentarios de PP y PSOE apoyan la propuesta y que han colaborado en su redacción
MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
Un total de 34 senadores pertenecientes a los grupos de CiU, la Entesa Catalana de Progrés (PSC, ERC e ICV), los Nacionalistas (PNV y BNG) y el Mixto presentaron hoy en el registro de la Cámara Alta una propuesta que tiene como objetivo extender el uso de las lenguas cooficiales a plenos, comisiones y la Diputación Permanente para que "prevalezca el derecho de los individuos a expresarse" en sus propios idiomas.
Así lo expusieron esta mañana en rueda de prensa representantes de los 34 senadores que han suscrito esta iniciativa, aunque aseguran que son muchos más los que la apoyan. De hecho, explicaron que en su redacción han participado representantes de la Cámara Alta pertenecientes a todos los grupos, incluidos PSOE y PP. Lo han firmado la Entesa, CiU y Nacionalistas en bloque y todo el Grupo Mixto con la salvedad de la senadora de UPN María del Mar Caballero.
Según indicó el senador de ERC Miquel Bofill, con esta iniciativa se pretende "dar cumplimiento" a una moción aprobada en mayo de 2008, recién estrenada la legislatura en la que se obligaba a promover la reforma del Reglamento de la Cámara con el objeto de "reconocer y amparar, en el conjunto de la actividad ordinaria del pleno y de las comisiones, el uso oral y escrito de cualquiera de las lenguas que tengan el carácter de oficiales en alguna comunidad autónoma".
Por ello, el portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, afirmó que el Senado "debe normalizar el uso de las lenguas" y que, por tanto, se trata de una iniciativa "razonable", mientras que Bofill señaló que esta propuesta "tiene el apoyo de una mayoría de senadores", por lo que se mostró a favor del voto individual y secreto para esta cuestión.
El senador de ERC dijo ser "optimista" con respecto a la tramitación y posible aprobación de esta iniciativa en la Cámara Alta, "porque tanto dentro del PSOE como del PP nos han manifestado su apoyo y han participado en la elaboración".
CATALÁN EN EL PE Y NO EN EL SENADO
Sin embargo, ningún senador de los grupos socialista y popular ha suscrito el documento, algo que el parlamentario del PSC Lluís María de Puig aseguró no entender en el caso del primero. Según argumentó, "es un Gobierno socialista el que ha llevado el catalán" al Parlamento Europeo, por lo que dijo no comprender por qué esta lengua no se puede hablar también en el Senado.
Por ello, el parlamentario del PSC pidió al Grupo Socialista "coherencia" y calificó esta iniciativa como "una acción de gran profundidad" que quedó "pendiente en la transición".
Para los senadores proponentes, la iniciativa es "del todo razonable y justa" y con ella se daría cumplimiento al artículo 3.3 de la Constitución, que reza: "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas será objeto de especial respeto y protección". "La mejor forma de respetar y defender una lengua es utilizándola y más en una Cámara tan importante como el Senado", añadió Bofill.
Los senadores prevén en su propuesta que a partir del próximo mes de septiembre tanto las sesiones plenarias como la Diputación Permanente se celebren con la inclusión de las lenguas cooficiales con un servicio de traducción simultánea. Un año después se aplicaría a las comisiones, también con traducción.
Para todo ello, los senadores proponentes plantearán el próximo 2 de febrero el calendario de la toma en consideración de esta propuesta a la Mesa de la Cámara, tras lo cual entraría en el trámite parlamentario normal como una ley más, es decir, con la presentación de enmiendas y su posterior debate.
COSTES "MENORES"
Sobre los costes que conllevaría la aplicación de la iniciativa, Bofill consideró que serían "menores" porque las nuevas tecnologías suponen ya un gran avance en este sentido. Además, subrayó que "nunca se tienen en cuenta los costes que conlleva el monolingüismo", ya que muchos de los documentos que llegan al Senado están escritos en la lengua oficial de cada comunidad autónoma.
Para la senadora del PNV Miren Lore Leanizbarrutia, "los derechos no se pueden cuantificar porque si no, no se podría hacer nada", mientras que el portavoz de CiU remarcó que "la libertad tiene un coste".
Para la aprobación de esta iniciativa se requeriría de un 50 por ciento de los votos en el Pleno de la Cámara, algo que los senadores nacionalistas conseguirían si se les uniera cualquiera de los grupos mayoritarios.
