El juzgado instructor no dio traslado de las actuaciones a uno de los coacusados para que formulase escrito de defensa
ALMERÍA, 11 May. (EUROPA PRESS) -
El juicio en el que el alcalde y candidato a la reelección en Zurgena (Almería), Cándido Trabalón (PA), se enfrenta penas de ocho meses de prisión y siete años de inhabilitación ha sido suspendido después de que el juez de lo Penal número 2 de Almería haya estimado que se ha producido una "evidente indefensión" de uno de los acusados y exconcejal andalucista, al que el juzgado instructor no dio trasladado de las actuaciones para que formulase escrito de defensa.
La vista oral, con cinco sesiones señaladas a partir del día 16, queda aplazada hasta que el Juzgado número 2 de Huércal-Overa cumplimente este trámite y permita que Aniceto López presente escrito de defensa frente a la calificación fiscal que le imputa, al igual que al regidor, un delito de ordenación del territorio por autorizar la construcción de 14 viviendas unifamiliares sobre suelo calificado como no urbanizable.
El auto del Juzgado de lo Penal número 2, dictado este martes y al que ha tenido acceso Europa Press, expone que la decisión del juez instructor de sustituir el traslado de las actuaciones por la puesta a disposición de las partes para su examen en la secretaria de la sede judicial "es manifiestamente extralegal y compromete el derecho constitucional de defensa", por lo que ordena retrotraer la causa a ese momento procesal.
Añade, en este sentido, que aunque "sin duda" el juez instructor "quiso arbitrar un mecanismo para ahorrar medios materiales y personales", "no se puede obligar a las defensas de las partes acusadas a acudir a la oficina judicial para consultar las actuaciones" ya que --explica-- "esta posibilidad sólo esta prevista para el caso de recursos contra sentencias o, lo que es lo mismo, cuando ya tienen o han tenido en su poder la documentación precisa".
En el juicio suspendido, la Fiscalía acusa además de Cándido Trabalón y Aniceto López a los ediles andalucistas Manuel Tijeras y Emilia Jiménez y a los exconcejales, Josefa Sánchez García, Miguel Marín Ramos, que en 2007 concurrió por el PP, Juan Morales (PSOE) y José Juan Sánchez (PP) aunque ninguno de ellos se presenta a la reelección.
En el juicio, uno de los cuatro a los que, de momento, se enfrentan la mayoría de cargos electos implicados en el entramado urbanístico de Zurgena, se sentarán en el banquillo así mismo el arquitecto municipal Carlos Domingo Berbel y los tres responsables de promover la obra, los constructores Félix Nogera y Teodoro Trabalón, así como el director técnico, Pedro García Alfonso.
A ellos, como administradores de las empresas Tisan Sureste SL y Tragarcía S.L., y al encargado de supervisar el proyecto, el Ministerio Público les imputa la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, por el que interesa para cada uno de ellos dos años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de profesión o empleo relacionado con la construcción, además de una multa de 24 meses a razón de 20 euros al día.
Según el relato de los hechos que se recoge el escrito de acusación, ambas empresas promovieron y construyeron bajo la dirección técnica de Pedro García, quien realizó el proyecto "con conocimiento de que no era autorizables", un total de 14 viviendas unifamiliares en el paraje conocido como 'Los Llanos del Peral' sobre suelo no urbanizable.
DEMOLICIÓN DE VIVIENDAS
El residencial se autorizó por la corporación local zurgenera, con el voto favorable de los cargos públicos acusados, en una sesión plenaria celebrada el 30 de abril de 2005. El acuerdo se alcanzó, sostiene el fiscal, con un informe técnico previo elaborado por Carlos Berbel, quien los emitió "a sabiendas de su injusticia". "Todos tenían conocimiento de que conforme a la legislación vigente las viviendas proyectadas estaban situadas en suelo no urbanizable", concluye.
El acusado Félix Nogera celebró un contrato de permuta con los propietarios del terreno a cabo de cuatro de los inmuebles levantado aunque no llegó a transmitir la propiedad de ninguna de las viviendas edificadas, para las que el Ministerio Público interesa el derribo con cargo de los costes al administrador de Tisan Sureste SL.
Los concejales acusados, a excepción de Josefa Sánchez, en este procedimiento enfrentan otras tres penas de siete años de inhabilitación, y de entre seis y ocho meses de prisión, en sendas causas abiertas por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio al autorizar la construcción de tres promociones de viviendas irregulares en los parajes de El Cucador, Los Llanos del Peral y el Barranco de Los Pinos.
Todos están, asimismo, imputados junto a otras 17 personas en la denominada operación 'Costurero', que se saldó en abril de 2008 con la detención del primer edil, el concejal de Urbanismo, dos promotores inmobiliarios y dos arquitectos. A los dos cargos públicos, el juez instructor les atribuye la presunta comisión de delitos de prevaricación, contra ordenación del territorio, cohecho y falsedad documental, delitos a los que, en el caso del edil de Urbanismo, se suma el de actividad prohibida a los funcionarios públicos.
