Gómez de la Serna dijo haber renunciado a la empresa por la que le investigan por cobro de comisiones y que se consideraba incompatible
MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, en la última sesión de la XI Legislatura, el dictamen de la Comisión del Estatuto del Diputado, por el que se autorizan las actividades privadas de sus señorías, aunque la mayoría de los miembros de la Cámara ya no necesitarán ese aval al perder su escaño el próximo martes, cuando se disuelvan las Cortes por la convocatoria electoral.
Una vez se firme el decreto de disolución sólo seguirá activa la Diputación Permanente de la institución, cuyos 120 miembros, entre titulares y suplentes, serán los únicos que mantengan su escaño hasta que se constituya el Congreso que surja de las elecciones del próximo 26 de junio.
El dictamen no ha sido objeto de debate y únicamente ha intervenido para presentarlo el presidente de la comisión, el 'popular' Leopoldo Barreda, quien ha presumido de que este órgano se ha podido cumplir su obligación de aprobarlo ante de que el Congreso se disuelva. El Senado, en cambio, se va a disolver sin haber llegado a aprobar su primer informe de incompatibilidades.
Barreda ha admitido que la comisión ha trabajado dentro de los "estrechos límites de su competencia" y aplicando "con equidad" las "normas existentes" con independencia de la opinión que cada grupo tiene sobre las mismas.
En los últimos años, muchas formaciones han abogado por dar más facultades a este órgano para poder controlar las actividades que sus señorías llevan a cabo al margen del Congreso, pero sigue pendiente una hipotética reforma del Reglamento que evite que la Cámara tenga que fiarse sólo de la información que le transmiten los interesados a sin poder entrar a investigar si hacen un buen uso de las autorizaciones que reciben.
No obstante, como ha explicado Barreda, en esta ocasión la comisión ha "solicitado" detalles extra a sus señorías sobre la documentación que aportaron al tomar posesión de sus escaños ante de decidir si sus tarea extraparlamentarias eran o no compatibles con su acta.
O LA EMPRESA O EL ESCAÑO
La única incompatibilidad reseñada en el informe es la relativa al exdiputado del PP, ahora en el Grupo Mixto, Pedro Gómez de la Serna. La comisión declaró que su puesto de administrador único de la consultora Scardovi SL no era compatible con su escaño y él optó por renunciar a la empresa y mantener su acta.
De la Serna ha explicado a Europa Press que formalizó esa renuncia ante notario la semana pasada, pero la comisión decidió mantener la incompatibilidad en el dictamen que ha elevado al Pleno puesto que si bien recibió la documentación que acreditaba la dimisión del diputado en la empresa, aún no ha sido sustituido en Scardovi, por lo que entienden que sigue vinculado a la compañía.
En cualquier caso, el próximo martes, cuando se disuelva el Congreso, De la Serna dejará de ser diputado al no formar parte de la Diputación Permanente y también perderá su fuero parlamentario. Eso sí, al haberse quedado con su acta hasta entonces, tendrá derecho a cobrar la indemnización de transición --un pago único de dos mensualidades-- que pueden percibir los no adscritos a la Diputación Permanente.
Aunque en esta ocasión el Congreso le ha obligado a elegir entre su negocio o el escaño, en la anterior legislatura, cuando ejercía como portavoz del PP en la Comisión Constitucional del Congreso, De la Serna sí pudo compatibilizar si problemas estas dos tareas.
COBRO DE COMISIONES
De la Serna concurrió a las elecciones del 20 de diciembre como número de la lista del PP por Segovia, pero empezó la legislatura como miembro del Grupo Mixto porque su antiguo partido le prohibió adscribirse al Grupo Popular después de que saliera a la luz que había montado una supuesta trama para cobrar comisiones en el extranjero junto con el también exdiputado, el diplomático Gustavo de Arístegui, quien en consecuencia dimitió como embajador en India.
Dada su condición de aforado el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ofreció hace unas semanas a Gómez de la Serna declarar voluntariamente el próximo 10 de mayo en el marco de esta causa por la que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para que empresas españolas consiguieran contratos en el exterior de hasta 250 millones de euros.
En concreto, el magistrado investiga presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales e integración en organización criminal.
En relación con el delito de integración en organización criminal, el magistrado explicó el pasado enero que existen indicios de que Gómez de la Serna y De Arístegui "se concertaron" con funcionarios extranjeros y otras personas para "apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores".
La trama se dedicaba, según el juez, a "recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones".
En concreto, el delito de cohecho que se les imputa vendría condicionado por los pagos realizados por las empresas españolas a Gómez de la Serna y Arístegui, que se ejecutaron "directamente" o, debido a su condición de autoridad y funcionario público, a través de las empresas Karistia (controlada por el exembajador) y Scardovi S.L., precisamente la empresa a la que Gómez de la Serna ha renunciado ahora.
