ZARAGOZA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados ha pedido al Gobierno de España que aclare el destino de los 140 millones de euros que entregó al Ejecutivo aragonés para construir depuradoras en el Pirineo, que nunca llegaron a hacerse realidad.
Mediante una batería de preguntas, la formación busca conocer los motivos y los responsables de que ese dinero público no se destinará a los proyectos comprometidos, han señalado en una nota de prensa.
Estos 140 millones de euros proceden de un convenio que firmaron el Gobierno de Aragón y el central en 2008, que tenía por objetivo construir una red de depuración para que los municipios situados en cabeceras de ríos o espacios medioambientalmente sensibles dejaran de contaminar sus aguas. Los proyectos financiados se calificaron como obras de interés general del Estado.
Casi 10 años después, "la gran mayoría de los pueblos pirenaicos continúan sin depuradora porque nunca llegó ese dinero a los ayuntamientos", han criticado, añadiendo que "el Gobierno de Aragón destinó estas partidas a otros proyectos", algunos de los cuales "nada tenían que ver con el ciclo del agua, como las plantas de tratamiento de purines o el pavimentado de calles.
OBLIGACIONES VIGENTES
Las obligaciones que se derivan de este convenio firmado en su día por los Gobiernos socialistas estatal y aragonés, que vence al final de 2017, "siguen vigentes", han advertido. En vista de su incumplimiento, Unidos Podemos ha preguntado, entre otras cosas, por qué el Gobierno de España no vigiló el cumplimiento con la efectiva construcción de las depuradoras contempladas del plan de saneamiento y si van a exigir responsabilidades por el mismo al Gobierno de Aragón.
Unidos Podemos quiere saber, también, si parte de estos 140 millones proceden de fondos europeos. En ese caso, la Comisión Europea podría exigir responsabilidades por el incumplimiento de las condiciones y el destino de esas partidas, han apuntado.
"Si el dinero se gastó en otras cosas, no basta con echar la culpa a la DGA. El Gobierno de España tiene la obligación de velar por el cumplimiento del convenio y debería trabajar para esclarecer qué ha pasado con esta importante cantidad de dinero público", ha indicado Pedro Arrojo, diputado por Zaragoza de Unidos Podemos en el Congreso de los Diputados.
Arrojo ha cuestionado "qué medidas tiene previstas el Ejecutivo para llevar a cabo el cumplimiento definitivo del convenio, que garantice la construcción de esas depuradoras con una financiación al 100% pública estatal y atendiendo a la normativa vigente para la construcción de obras de interés general del estado".
