Foto: EUROPA PRESS
MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo parlamentario de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha sugerido al Gobierno de Mariano Rajoy que aproveche la tramitación del nuevo Código Penal para recuperar las penas de prisión por convocar consultas ilegales, como fijo en su día el Gobierno del PP y ha vuelto a plantear el expresidente José María Aznar, y a que promueva acciones legales para proceder a la inhabilitación del presidente catalán, Artur Mas, en caso de que persista en celebrar el referéndum.
El partido de Rosa Díez ha dirigido una batería de preguntas al Gobierno, a las que ha tenido acceso Europa Press, relacionadas con la consulta que CiU, ERC, ICV y CUP tienen fijada para el 9 de noviembre de 2014 con un pregunta doble: ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado? y, en caso afirmativo, ¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado independiente?.
En primer lugar, UPyD quiere saber la opinión que le merece al Gobierno el delito de convocatoria ilegal de elecciones o de consultas populares por vía de referéndum que se introdujo en el Código Penal durante el mandato de José María Aznar.
ZAPATERO LO DEROGÓ
El partido magenta explica que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero derogó esa delito del Código Penal, que penaba con hasta cinco años de cárcel la convocatoria de un referendo ilegal, y pregunta en este sentido al Ejecutivo del PP si se plantea recuperarlo en el nuevo Código Penal que se encuentra tramitándose en el Congreso.
Centrándose en el "desafío" político al Estado que, a su juicio, suponen las preguntas que el Ejecutivo catalán presentó este jueves para la consulta soberanista, UPyD también quiere saber las medidas concretas que está estudiando el Gobierno para evitar que dicha consulta "ilegal" se lleve a cabo.
Con esta consulta, según el texto de las preguntas registrado, lo que se pretende es "vulnerar por la vía de los hechos la Constitución dejando con ello a los ciudadanos absolutamente indefensos bajo grandilocuentes palabras como el 'derecho a decidir' o arrogándose la voluntad 'del pueblo".
INCLUSO SUSPENDER LA AUTONOMÍA
Pero Rosa Díez va más allá y plantea al Ejecutivo "si piensa advertir a la Presidencia de la Generalitat que si formalizan la convocatoria o convierten ésta en acuerdo de Gobierno se aplicará el artículo 155 de la Constitución y cualquier otro que fuera preciso para reponer el respeto y la observancia del orden constitucional".
El mencionado artículo de la Carta Magna advierte de que si una comunidad autónomas incumpliera las leyes o actuase de forma que atente gravemente contra el interés general de España, el Gobierno puede forzarle a cumplir la legalidad abriendo incluso la puerta a suspender la autonomía.
INHABILITACIÓN DE SEIS MESES A UN AÑO
En esta sentido, la formación magenta también quiere saber si el Gobierno va a requerir al presidente catalán, Artur Mas, para que cancele la consulta así como todos los actos preparativos de la misma, y si en caso de continuar adelante con el referéndum, va a emprender acciones legales en marcha para perseguir penalmente el incumplimiento del artículo 509 del Código Penal.
Ese artículo señala que "el juez o magistrado, la autoridad o el funcionario público que, legalmente requerido de inhibición, continuara procediendo sin esperar a que se decida el correspondiente conflicto jurisdiccional, salvo en los casos permitidos por la Ley, será castigado con la pena de multa de tres a diez meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a un año".
