El juez Castro da inicio al cómputo, que finalizará el próximo 1 de abril
PALMA DE MALLORCA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha fijado entre este miércoles, 4 de marzo, y el próximo 1 de abril el plazo para que la Infanta Cristina, su marido, Iñaki Urdangarin, y los otros 15 acusados de la causa presenten sus escritos de defensa de cara a un juicio que, ante su complejidad, prevé alargarse durante varios meses en la Audiencia Provincial de Baleares.
Así lo ha acordado mediante una providencia que ha dictado este lunes, una vez cumplimentados los trámites que restaban por dar inicio al cómputo y que pasaban por que a todos los procesados les fuesen notificados las peticiones de pena de la Fiscalía Anticorrupción y de las demás acusaciones, el auto de apertura de juicio oral de la causa y las fianzas civiles exigidas a todos ellos, que se elevan a 61,3 millones de euros.
En concreto, el plazo finaliza el 31 de marzo, si bien Castro otorga un día más -hasta el 1 de abril- para que los acusados puedan entregar sus escritos. Una vez presentados, el juez remitirá a la Audiencia toda la causa, que acumula más de 70 tomos, y su futuro enjuiciamiento entrará en el turno de reparto para causas de especial complejidad -establecido para casos de corrupción y asuntos con un amplio número de acusados-, del que dependerá que el caso sea juzgado por el tribunal de la Sección Primera o de la Segunda.
La Fiscalía reclama más de 100 años de cárcel para 14 de los inculpados -no acusa a la Duquesa de Palma y a otros dos procesados-, mientras que el sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular, reclama ocho años de cárcel para la hermana del Rey Felipe VI como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales.
En concreto, las penas más elevadas que solicita el Ministerio Público son los 19 años y medio de cárcel que reclama para Urdangarin, y los 16 y medio para su exsocio, Diego Torres, por urdir y liderar una trama empresarial con la que lograron acceder de forma "directa e inmediata" a los fondos manejados por las Administraciones, eludir los requisitos exigidos por las normativas de contratación pública y desviar así hasta 6,2 millones de euros de las arcas de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.
A lo largo de 673 páginas, el fiscal Pedro Horrach desgrana los mecanismos con los que Urdangarin y Torres pusieron en marcha una estructura "hueca de contenido real" y urdieron "una maraña de facturación ficticia" para apoderarse del dinero público. Y para ello utilizaron el Instituto Nóos, al que manejaron "a su antojo" junto a otras mercantiles de su propiedad para que "operasen al servicio de sus intereses comerciales".
En su escrito, que ahora deberán rebatir las defensas, Anticorrupción considera que no existen sobre Cristina de Borbón indicios de haber cometido delito alguno, si bien sostiene que ésta habría obtenido un beneficio o aprovechamiento ilícito de los fondos supuestamente defraudados por Urdangarin en el seno del anterior entramado societario, y más en concreto a través de una de las mercantiles 'pantalla' que integraban el conglomerado empresarial: Aizoon.
La Fiscalía señala que a través de Aizoon, de la que el matrimonio es copropietario al 50 por ciento y que de forma presuntamente irregular se nutrió de más de un millón de euros de la trama Nóos, Urdangarin defraudó hasta un total de 337.138 euros en las cuotas del IRPF de 2007 y 2008.
PETICIONES PARA MATAS Y EL RESTO DE PROCESADOS
Por otro lado, entre las más elevadas peticiones de condena se encuentra también la del expresidente del Govern Jaume Matas, quien se enfrenta a una solicitud de 11 años de cárcel por un delito de malversación en concurso con prevaricación y falsedad (ocho años de prisión) y otro de fraude (tres años). Sobre la mujer de Torres, Ana María Tejeiro, pesa, por su parte, un delito de blanqueo por el que la acusación pública pide para ella dos años de prisión.
Mientras tanto, la Fiscalía reclama otros dos años de cárcel para el hermano de Tejeiro y excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro; dos más para el exdirector general de Deportes del Govern balear, José Luis 'Pepote' Ballester; ocho para el exgerente de la fundación pública Illesport Gonzalo Bernal; cuatro para el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, y cinco años y medio para el exasesor jurídico de esta empresa Miquel Àngel Bonet.
En cuanto a los exaltos cargos de la Comunidad Valenciana también acusados, el Ministerio Público solicita ocho años para el exsecretario autonómico de Eventos de la Generalitat Luis Lobón; otros ocho para el exdirector general de Ciudad de las Artes y las Ciencias Jorge Vela, ocho más para laexdirectora de Gestión de esta entidad Elisa Maldonado, y seis años para el también exdirector general José Manuel Aguilar. Finalmente, reclama seis años y medio para la exconsejera delegada de la Fundación Madrid 16 Mercedes Coghen.
Por otro lado, las penas más altas que reclama Manos Limpias las pide para Urdangarin (26 años y medio de cárcel), su exsocio Diego Torres (22 y medio) y la mujer de éste, Ana María Tejeiro (19 y medio).
ALFONSO GRAU, PENDIENTE DE SI DEBE IR A JUICIO
De forma paralela, la Audiencia debe deliberar próximamente -ha fijado el 7 de mayo como fecha límite- sobre si definitivamente envía a juicio al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, después de que los concejales socialistas del Ayuntamiento recurrieran el auto con el que el juez José Castro excluyó al alto cargo del PP de entre los acusados que se sentarán en el banquillo por el caso Nóos.
Y es que el grupo municipal de la oposición considera que la decisión de que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), presidida por Grau, financiara los Valencia Summit "fue exclusivamente" del vicealcalde, una conducta de la que a su juicio se desprenden indicios de la comisión de un delito de malversación de caudales públicos.
MÁS DE 300 TESTIGOS PREVISTOS PARA EL JUICIO
Por otro lado, está previsto que más de 300 testigos declaren a lo largo del juicio del caso Nóos, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberà, el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, y el asesor externo de la Casa Real y Conde de Fontao, José Manuel Romero.
Asimismo, exaltos cargos del último Govern de Matas (2003-2007) como la exvicepresidenta y actual eurodiputada Rosa Estaràs, el exconseller de Turismo Joan Flaquer, la exconsellera de Presidencia Rosa Puig y la exjefa de gabinete de Matas Dulce Linares, también deberán testificar en una vista oral que prevé alargarse durante meses ante la complejidad de las pesquisas, el número de acusados que prevén sentarse en el banquillo, las pruebas a practicar y la elevada cantidad de testigos.
