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Cree "razonable" que el CGPJ hubiera sido consultado sobre la reforma de la justicia universal, aunque la ley no obligaba
MADRID, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -
El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Álvaro Cuesta considera que a la hora de plantearse límites en relación con las manifestaciones, "cualquier restricción geográfica" afecta a la esencia de del derecho por lo que "lo que se proponga debe ser muy cuidadoso" con la protección de este derecho fundamental.
"Si uno pretende que el derecho a manifestación en todas las ciudades se ejerza en un descampado a 10 kilómetros del centro de la ciudad sea cual sea la ciudad en la que se trate, pues está violentando el derecho de manifestación", afirma el consejero del órgano de gobierno de los jueces.
En una entrevista concedida a Europa Press el vocal designado a propuesta del PSOE, que forma parte del grupo de dedicación exclusiva en el órgano de gobierno de los jueces, señala que cualquier modificación de la normativa respecto de la huelga y la manifestación "debe combinar los derechos en juego, los derechos de los ciudadanos y los que están en su vida ordinaria en los servicios públicos", así como el interés general.
Aunque este asunto no forma parte de ningún proyecto de reforma, y por lo tanto no ha sido consultado al CGPJ, Cuesta ha resaltado que derecho de manifestación "tiene muchas caras y afecta a muchos aspectos, no solamente al ejercicio de la manifestación, sino también a la visibilidad que la manifestación pretende hacer como expresión".
JUSTICIA UNIVERSAL
En relación con el hecho de que el Consejo no fuera consultado sobre la reforma de la justicia universal, que se tramitó de forma "expres" y evitando el informe preceptivo mediante la presentación de una Proposición de Ley por parte del Grupo Popular en el Congreso, Cuesta ha subrayado que hubiera sido "deseable" esta consulta, si bien reconoce que ésta no venía obligada por la ley.
El vocal ha recordado a Europa Press que esta reforma afecta a garantías y derechos fundamentales, pero también a otros asuntos como organización de tribunales, además de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial.
"Ahora bien, en este caso la iniciativa no es formalmente del Gobierno, sino del grupo parlamentario, y nosotros no somos nadie para limitar la libertad de proposición de los grupos parlamentarios", ha aclarado el vocal, si bien reconoce que el Parlamento, "si hubiera querido" podría haber solicitado un informe "que en ningún caso vincula".
A título individual, Cuesta considera que la consulta a este órgano hubiera servido además "para que la ley acertara y se hubiera podido regular bien", a lo que debe añadirse que, "desde el punto de vista intelectual" una reforma de la ley orgánica que afecta a la justicia universal plantea dos tipos de problemas: un conflicto normativo entre tratados internacionales, que también son ordenamiento español, y leyes; y también "posibles conflictos constitucionales".
