La sentencia rechaza que los turcos le obstaculizaran y califica de "excusa" que quisiera "dulcificar" el dolor de las víctimas
MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -
La sentencia de la Audiencia Nacional que condena a tres años de prisión al general médico Vicente Navarro por la identificación erróena de las víctimas del accidente del Yak-42, que costó la vida a 62 militares españoles el 26 de mayo de 2003, establece que el militar era "plenamente consciente" de que las autoridades turcas "le entregaban 30 cuerpos no identificados", por lo que decidió "falsear la verdad".
"A pesar de ser consciente de que era imposible identificar con tales datos todos los cuerpos, Navarro elaboró una lista en la que junto al número asignado a cada cuerpo aparecía un nombre y apellidos correspondiente a uno de los 62 militares españoles, de modo que aparentaba que todos ellos habían sido identificados, cuando lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria en treinta casos", señala el capítulo de hechos probados.
El tribunal, que notificó hoy la sentencia a las partes, sostiene que el general Navarro y los oficiales José Ramírez y Miguel Sáez actuaron "con conocimiento y voluntad de faltar a la verdad", y añade que el teniente general José Antonio Beltrán, encargado de coordinar las tareas de repatriación, también conocía las irregularidades.
SABÍAN LO QUE FIRMABAN
"No es verosímil que dos generales del Ejército español con amplia experiencia firmen un documento en el extranjero responsabilizándose de la repatriación en condiciones irregulares de 62 cadáveres sin conocer el contenido de lo que están firmando", indica la sentencia, en referencia al acta de entrega de los cuerpos redactado por las autoridades turcas, en el que se explicitaba que 30 cuerpos se encontraban sin identificar.
No obstante, exculpa a Beltrán de cualquier responsabilidad penal en estos hechos porque, a pesar de que suscribió el acta, Navarro le aseguró que todos los cadáveres habían sido reconocidos, "lo que no se correspondía con la realidad".
Con respecto a Ramírez y Sáez, condenados a un año y medio de prisión como cómplices de un delito de falsedad en documento oficial, el tribunal explica que ambos "sabían que 30 cadáveres no podían haber sido identificados con los datos que poseían". Se trataba, según el tribunal, de "un hecho evidente para un profano, por tanto más aún para dos personas con su cualificación profesional, cuanto de lo declarado por los forenses turcos, con los que trabajaron codo con codo".
COLABORACIÓN DE LAS AUTORIDADES TURCAS
En relación con la actuación de las autoridades de Trabzon, a las que Navarro culpó de los errores en las identificaciones, la sentencia destaca la "colaboración" que existió "entre españoles y turcos". Así, el acta de entrega fue "redactada de mutuo acuerdo, sin que sea cierto que éstos pusieran innumerables obstáculos a las identificaciones", como señaló Navarro durante el juicio.
Según la sentencia, el general también "era conocedor de que los turcos habían tomado muestras de ADN", a pesar de lo cual "intentó desacreditar el valor de esas muestras manifestando que todas se tomaron con el mismo bisturí y sin mascarilla".
La resolución judicial también pone de relieve que el equipo militar español que llevó a cabo las tareas de repatriación contó en todo momento con "un buen intérprete", tal y como acreditó durante la vista oral el entonces cónsul español, Raimundo Ezquerra.
DULCIFICAR LA TRAGEDIA, "UNA EXCUSA"
El tribunal, presidido por el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, también califica de "excusa" el argumento esgrimido por Navarro según el cual omitió los detalles sobre los daños que sufrían los cuerpos para "dulcificar" la tragedia a las familias.
"Las omisiones no trataban de evitar a las familias un mayor dolor. A sugerencia del acusado Navarro, con la excusa de dulcificar la descripción de las lesiones, omitieron conscientemente aquellas que podían fácilmente despertar recelos o dudas sobre el proceso de identificación", sostiene.
Además, justifica la concesión de 10.000 euros por familia en concepto de indemnización por "el daño moral derivado de la prolongación del duelo complicado" que éstas sufrieron "como consecuencia de las falsas atribuciones de identidad".
Sin embargo, rechaza las solicitadas por los allegados de los 32 militares que fueron correctamente identificados porque no fueron víctimas de los hechos enjuiciados. En todo caso, el tribunal asegura compartir "el dolor de las familias" y se manifiesta "consciente de que aquéllas cuyos parientes estaban correctamente identificados han sufrido cierta zozobra, inquietud o desazón, al enterarse de que había identificaciones erróneas".
