Los nacionalistas vascos plantean cambios en 44 preceptos pero sin derogar la norma aprobada en 2015, como pide el PSOE
MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha aceptado este miércoles la reforma registrada por el PNV para cambiar 44 preceptos de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'. "Constituye un buen punto de partida", ha dicho.
"Con las herramientas del diálogo y la buena voluntad de todos, estamos caminando por una acertada ruta para modificar, con el mayor apoyo parlamentario posible, la mencionada ley", ha defendido Zoido en su comparecencia en el Senado para fijar las principales líneas de su Departamento.
Zoido se ha referido a los contactos mantenidos desde que el 21 de diciembre compareció en el Congreso y tendió su mano para incluir esta reforma en su "política de seguridad nacional de la concordia". "Las conversaciones para mejorar la ley van por buen camino", ha indicado.
En este sentido, se ha referido a la proposición de ley orgánica que registró el pasado 20 de enero el PNV. "Entendemos que contiene algunas propuestas que pueden contribuir a mejorar técnicamente el texto legal. Otras merecen una consideración más detenida, pero constituye un buen punto de partida", ha dicho.
Zoido no se ha referido en su primera intervención directamente a la propuesta del PSOE en el mismo sentido. Los socialistas apuestan directamente por la derogación de una ley impulsada por Jorge Fernández Díaz, el antecesor de Zoido en el Ministerio del Interior. "Otras propuestas tienen nuestra misma consideración en el sentido que hay cosas que nos gusta y otras no", ha comentado.
"La derogación generaría un vacío normativo de imprevisibles efectos", ha alertado Zoido, "porque dejaría sin cobertura legal a buen número de actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no sólo del régimen sancionador, sino de asuntos cotidianos como la expedición del DNI o el pasaporte".
¿QUÉ PROPONE EL PNV?
En el texto alternativo del PNV se propone, entre otros aspectos, que deje de ser una infracción grave (con hasta 30.000 euros de multa) el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También quiere que deje de considerarse grave manifestarse ante el Congreso y el Senado perturbando la seguridad pública.
Según el grupo vasco, este tipo de sanciones "supone una prohibición, general y preventiva, a la libertad activa y pasiva de información con reserva de autorización no respetando, con ello, los principios de proporcionalidad y ponderación que se ha venido exigiendo por el mismo Tribunal Constitucional".
Este mismo martes, el Defensor del Pueblo cuestionó en su informe anual la aplicación del régimen sancionador de la Ley de Seguridad Ciudadana en lo referente a las sanciones a periodistas y manifestantes. "El ejercicio de un derecho constitucional no puede nunca ser objeto de sanción", sostiene la institución.
