PAMPLONA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 3 de Pamplona ha absuelto al alcalde de Orkoien, Casimiro Larrea, del delito de prevaricación por el que fue juzgado, por presuntas irregularidades en la adjudicación de dos viviendas de protección oficial en la localidad.
La sentencia señala que "es evidente que hubo una actuación fuera del procedimiento establecido o, más concretamente, una inobservancia del procedimiento establecido", pero añade que en la reunión en la que se adoptó la decisión de adjudicar las dos VPO había al menos dos abogados, entre otros profesionales, y "ninguno advirtió de la presunta irregularidad".
Los hechos tuvieron lugar en el año 2003, cuando la sociedad Iturgain, presidida por el propio alcalde y encargada de la gestión urbanística de Orkoien, promovió la construcción de 216 viviendas de protección oficial.
Tras finalizar el proceso de adjudicación de esas VPO, dos viviendas quedaron vacantes, puesto que uno de los adjudicatarios había fallecido y otro no había logrado financiación para hacer frente al pago.
Según consta en la sentencia, algunos vecinos se enteraron de forma particular de estas vacantes y remitieron carta al Ayuntamiento solicitando la adjudicación de una de esas dos viviendas, aunque desde el Consistorio no se habían publicitado dichas vacantes para conocimiento general de los ciudadanos.
Las dos personas que remitieron carta resultaron adjudicatarias de las viviendas, pese a que no habían participado en el proceso previo de adjudicación de las 216 VPO. El fiscal pedía una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público contra el alcalde por un presunto delito de prevariación en la adjudicación de viviendas de protección oficial.
La sentencia recoge que "para que se cometa el delito de prevaricación se requiere, además de los elementos objetivos, un dolo específico, que consiste en que el funcionario actúe a sabiendas de las injusticia que está cometiendo". "Pue bien, en este supuesto, ha quedado probado que en la Junta del día 21 de noviembre de 2005 estaban presentes al menos dos abogados, el secretario y el asesor de Aranade, y que ninguno advirtió de la presunta irregularidad".
Así, el fallo señala que "este dato, objetivo, avala la declaración de inocencia del acusado, en el sentido de que no era conocedor de la irregularidad, antes al contrario, pensó que si los técnicos no ponían reparos a la actuación, era porque ésta era ajustada a derecho".
