Los grupos de la oposición critican la gestión del Ejecutivo navarro y censuran que "no se han puesto los medios necesarios"
PAMPLONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, ha afirmado que el plazo medio de tramitación de la Renta Básica, desde la solicitud hasta la generación del pago, establecida por el Gobierno de Navarra en 45 días, "no se cumple", ya que a fecha de agosto de 2010 esa cifra se eleva a 73,2 días, "una desviación grande".
Robleda ha comparecido este viernes en la comisión de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte del Parlamento de Navarra para explicar, a petición del PSN, el informe sobre la gestión de la Renta Básica 2009-2010.
En su intervención, ha afirmado que el plazo de tramitación fijado en la Cartera de Servicios "no se cumple" y ha valorado que el retraso "de 45 a 73 días" es "una desviación grande", ya que se trata de una ayuda destinada a "personas que no tienen recursos". Según el informe, sólo el 3,66 por ciento de las solicitudes se tramitaron en 45 días de enero a agosto del pasado año.
"Si la Cartera de Servicios contempla 45 días es porque técnicamente debe ser en 45 días, es un cumplimiento legal, no es un aspecto subjetivo, por lo que es importante equilibrar la agilidad y la concesión", ha expuesto.
Según el informe de la Cámara de Comptos, las solicitudes de Renta Básica pasaron de 5.799 en 2008 a 10.766 en 2009 y de enero a agosto del pasado año se registraron 6.767 peticiones. El porcentaje de solicitudes concedidas, según Robleda, "se mantiene" en torno al 80 por ciento.
A su juicio, "hay nichos u oportunidades en esa tramitación" para poder evitar el retraso. Así, ha indicado que "la vinculación entre los Servicios Sociales de Base y el departamento puede dar lugar a una priorización de estas atenciones, y así disminuir los plazos, o hacer que las solicitudes que tienen anomalías se reduzcan".
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Comptos ha señalado que "habría que analizar" la necesidad del compromiso de acuerdo sociolaboral que deben cumplimentar los demandantes "porque en muchos de ellos ni siquiera es necesario, ya que los técnicos no condicionan la prestación económica a ese acuerdo". "Igual podemos ir ahí un poco más deprisa y desvincular más la prestación, como una pensión no contributiva, de las medidas de inserción laboral", ha explicado.
"La crisis económica está ahí, no creo que se vaya a ir muy pronto, y esto supone, necesariamente, sin duda ninguna una mejora de esos plazos. Habrá que buscar dónde están esas ineficiencias", ha concluido.
CRÍTICAS DE LOS GRUPOS
Todos los portavoces de los grupos parlamentarios, a excepción de UPN, han censurado que el Gobierno de Navarra "no cumple con la ley" en esta materia, ya que el plazo medio de tramitación de 45 días se sobrepasa. Así, desde el PSN, Javier Monzón ha insistido en que ese tiempo "se lo impuso" el Ejecutivo foral y "tiene que cumplirlo".
Según ha valorado, ante el aumento en la demanda de la prestación, "no hay un discurso paralelo en recursos". Además, ha puesto en cuestión que la cadena del procedimiento administrativo esté "bien enlazada", ya que, a su juicio, "puede haber un problema" en la fase de la tramitación entre los Servicios Sociales de Base y el Gobierno foral.
Por su parte, el portavoz parlamentario de Nafarroa Bai Ioseba Eceolaza ha censurado la "gestión irresponsable del principal instrumento de inclusión social". "El Gobierno se ha visto totalmente superado por la crisis, ha mirado para otro lado, y no ha habilitado los recursos necesarios para evitar esta situación", ha afirmado.
En esta misma línea, en representación de CDN, José Andrés Burguete ha criticado que "no vale" achacar el retraso al aumento de demandantes, ya que "se podía haber previsto" ante la situación de crisis. Este informe, ha añadido, "pone las cosas en su sitio, dice que el Ejecutivo foral no cumple la legalidad". Así ha solicitado "una profunda autocrítica" por parte del Gobierno navarro.
Desde IUN, Ana Figueras también ha señalado que "no se han puesto ni los medios económicos ni humanos para atajar el problema". Además, ha insistido en que la falta de cumplimiento del plazo de tramitación merece una "crítica sin paliativos".
En contra de estas argumentaciones, la portavoz parlamentaria de UPN Conchi Mateo ha defendido que "es importante reconocer la situación derivada del incremento de solicitudes" y ha destacado que la crisis ha provocado que personas que han perdido su empleo pidan esta ayuda. Así, ha indicado que "el Gobierno no cumple con el plazo de 45 días" debido a la "avalancha" de peticiones.
