Empleo, acceso a la vivienda y garantía de ingresos, en el Plan de Inclusión Social

Actualizado 13/06/2017 10:11:14 CET

PAMPLONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, ha presentado este martes, junto al equipo técnico redactor, las principales propuestas y líneas maestras del futuro Plan de Inclusión de Navarra, basadas en el diagnóstico que fue dado a conocer el pasado 2 de junio.

El marco han sido las jornadas sobre el citado plan que tienen lugar hoy en la Universidad Pública de Navarra. El documento contempla medidas en los ámbitos del empleo, educación, sanidad, necesidades básicas y garantía de ingresos, así como en el de la vivienda.

Entre las propuestas centrales se encuentra aumentar la coordinación y el trabajo conjunto entre los servicios sociales y de empleo para mejorar la empleabilidad y la inserción socio-laboral de las personas paradas de larga duración y en riesgo de exclusión que estén en condiciones de incorporarse a un empleo.

También, mejorar la coordinación y recursos destinados a la orientación, formación e inserción sociolaboral de colectivos con dificultades de acceso al empleo, a la par que promover programas de inclusión social para colectivos que no están en condiciones de incorporarse al empleo a corto plazo.

Se pretende además completar el desarrollo de la ley foral de inclusión social y renta garantizada en sus tres ejes principales: garantía de ingresos a toda familia sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas, desarrollo de programas de inclusión social y laboral con incentivos al empleo y complemento de ingresos vía deducciones fiscales a familias con ingresos salariales insuficientes.

Y se busca incrementar el parque público de vivienda en alquiler social a precios asequibles, y mejorar la eficacia y eficiencia de las ayudas públicas para hacer frente a gastos imprescindibles de la vivienda, además de los gastos del alquiler e hipotecas, gastos de comunidad, energía o agua.

PROPUESTAS EN MATERIA DE EMPLEO

En materia de empleo, los equipos técnicos proponen diez medidas. Entre ellas, adaptar las políticas de activación a la realidad de las personas más alejadas del empleo, crear comisiones territoriales de planificación con el fin de recabar información y diseñar políticas específicas para cada territorio, redefinir y coordinar las funciones de los distintos recursos intervinientes, elaborar un Plan de Garantía Juvenil para miembros de familias RIS.

También se realizará un estudio de opciones ocupacionales para mayores de 55 años con la colaboración de Cultura y Deporte; se promoverá la coordinación con Salud Mental para conocer cuántas personas están recibiendo tratamientos y establecer líneas de intervención convergente; y están previsto acuerdos con las entidades locales para el cumplimiento de cláusulas sociales y con las empresas por la responsabilidad social. Por último, se pondrá en marcha un acuerdo de acción prioritaria en Tudela.

EXCLUSIÓN SOCIAL Y SANITARIA

Las propuestas de lucha contra la exclusión en el espacio educativo recomiendan un incremento de los recursos para aquellos centros educativos que albergan mayor número de alumnado con dificultades y la mejora de los programas de apoyo extra escolar para reducir el abandono escolar temprano. Incluyen medidas para promover una mejor distribución de los recursos educativos por centro y territorios, la mejora de las herramientas de control y registro del absentismo escolar y la oferta de alternativas educativas a los jóvenes que abandonan los estudios; ampliación de plazas de educación 0-3 años para menores de entornos desfavorecidos, y una simplificación en la gestión de becas y ayudas para menores y jóvenes.

En el campo sanitario, se sugiere mejorar en la investigación y coordinación de servicios sociales y salud para facilitar un abordaje eficaz de los problemas de salud en los colectivos vulnerables y facilitar la mejora de su estado de salud. Además, se plantean ampliar la red de recursos para atender, de manera integral, a las personas con enfermedad mental; así como medidas inclusivas para mejorar la accesibilidad al sistema sanitario.

NECESIDADES BÁSICAS, GARANTÍA DE INGRESOS Y VIVIENDA

Por lo que se refiere a las necesidades básicas y garantía de ingresos, los técnicos aconsejan que el Plan de Inclusión de Navarra cuente con "un sistema navarro integrado de garantía de mínimos, con dos niveles o mecanismos: Renta mínima (RG) para quienes no tienen ingresos regulares (o son muy bajos), y deducciones fiscales anticipables para quienes tienen ingresos regulares pero modestos". Abogan por consolidar la Renta Garantizada y promover ante el Gobierno de España el reconocimiento de las rentas mínimas como subsidiarias del resto de prestaciones.

Otras medidas contempladas en este apartado son "traspasar la cobertura de los gastos de vivienda progresivamente a un sistema integral de protección del acceso a la vivienda, y desarrollar y consolidar el sistema de ayudas no periódicas (extraordinarias y emergencia), centrándolo en gastos sobrevenidos y extraordinarios, endeudamiento, equipamiento básico y gastos para incorporación". También apuntan que sea garantizado el acceso a suministros básicos con iniciativas como promover ante el Gobierno y una regulación adecuada del bono social, una garantía de ingresos que asegure el acceso a la alimentación, ha informado el Gobierno foral en una nota.

Finalmente, en el campo de la vivienda, se sugiere diversificar las fuentes de provisión de vivienda mediante la construcción paulatina de vivienda social, que ya está en marcha, el fomento de la bolsa de alquiler, analizar la opción de compra de vivienda usada por parte de las administraciones y crear un registro de viviendas deshabitadas. Asimismo, el equipo técnico aconseja adoptar medidas destinadas al aumento de las rentas disponibles para el pago de vivienda por parte de personas en situación de exclusión residencial.

Por último, los técnicos apuntan a la mejora de los entornos residenciales degradados, establecer medidas de mejora de la convivencia y minoración de conflictos vecinales en las zonas de la Comunidad foral que presentan dificultades en el ámbito socio-residencial y el desarrollo de medidas experimentales para grupos de población en alta exclusión, con el refuerzo de las ya existentes.

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