Va a enviar al Gobierno central un informe valorativo con observaciones y propuestas de modificación
PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Navarra considera que existen contenidos en el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local elaborado por el Ejecutivo central que podrían invadir el régimen competencial que tiene reconocido Navarra en materia de Administración Local en el artículo 46 de la Lorafna.
Por esta razón, el consejero de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Gobierno navarro, José Javier Esparza, ha explicado en la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno que el Ejecutivo foral va a enviar a la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas un informe en el que se recojan diversas consideraciones y propuestas de modificación.+
Esparza ha señalado que el Gobierno foral quiere que "por escrito" y de forma "clara" se recoja que "Navarra tiene competencias en materia de régimen local". "Necesitamos también que nos dejen organizarnos, tenemos competencias y además ya hemos hecho la tarea, el proyecto de ley presentado en el Parlamento", ha dicho.
Tras defender que las entidades locales de Navarra, desde el punto de vista de la gestión, han sido "más responsables" que otras del conjunto del país, el consejero ha pedido que "se nos deje terminar el trabajo iniciado" y ha reconocido que "hay ámbitos con competencia básica".
CONSIDERACIONES Y PROPUESTAS
En concreto, las consideraciones y propuestas del Gobierno foral al citado anteproyecto se agrupan en dos bloques: de un lado, su incidencia en el régimen foral y, de otro, la compatibilidad de la pretendida reforma estatal con el proyecto de Ley Foral de reorganización de la Administración Local de Navarra que actualmente está en tramitación parlamentaria.
En relación con el primer aspecto, Esparza ha indicado que el Gobierno de Navarra echa en falta en el texto del anteproyecto un reconocimiento expreso del respeto al régimen foral de Navarra, cuestión cuya ausencia genera una incertidumbre que, en su opinión, requiere ser despejada, por lo que va a solicitar que se incluya dicho reconocimiento, tal y como, por otra parte, aparecía recogido en borradores precedentes al del actual anteproyecto.
Al Gobierno de Navarra también le preocupa la posible supresión de la naturaleza de entidad local de los "concejos" en el momento de la entrada en vigor de la futura ley. Dicha supresión, ha dicho, puede interpretarse como una invasión frontal del régimen foral, ya que la organización concejil existente en Navarra se fundamenta en el título competencial que tiene la Comunidad foral en base a sus derechos históricos reconocidos en el art. 46.1 de la Lorafna para crear y regular entidades con la naturaleza de entidad local.
En tercer lugar, la dependencia funcional del personal que ejerce las funciones de intervención en las entidades locales de Navarra respecto de la Intervención General del Estado, prevista en la exposición de motivos del anteproyecto, también podría colisionar con la competencia histórica de la Comunidad foral en materia de función pública.
De acuerdo con el análisis realizado, dicha dependencia colisionaría con lo establecido en la Disposición Adicional Séptima del Convenio Económico con el Estado, que atribuye a la Comunidad foral el control del cumplimiento por parte de las entidades locales de la normativa en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
COMPATIBILIDAD CON EL PROYECTO DE LEY FORAL
En relación con la compatibilidad entre el proyecto de Ley Foral de reorganización de la Administración Local y el anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración local, las líneas de actuación que se proponen en el primero están orientadas a la reordenación de la estructura actual de la administración local de Navarra, sin subestimar, sino todo lo contrario, los objetivos estratégicos pretendidos con la reforma estatal. Por ello, el Gobierno de Navarra considera que, inicialmente, ambos textos son "compatibles".
Así, en cuanto al régimen competencial de los municipios, ha dicho Esparza, el proyecto foral respeta la asignación que establezca en cada momento la legislación estatal de carácter básico. Además, propone la creación ordenada de entidades intermunicipales de gestión (Mancomunidades de Interés General, Agrupaciones legales de municipios y Entidades consorciales), adecuadamente dimensionadas y orientadas de forma progresiva al cumplimiento de los principios de eficacia y equilibrio financiero, compartiendo, en este sentido, los principios de la reforma estatal.
Por último, ha explicado el consejero, la propuesta de Navarra diseña, a través de la figura de las Agrupaciones de Servicios Administrativos, un sistema organizado de gestión administrativa de los municipios que permitirá garantizar el control financiero y presupuestario exigido en la legislación de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera esgrimido en el anteproyecto estatal.
No obstante, el Gobierno de Navarra entiende que dicha coincidencia estratégica no implica una completa armonización entre ambos textos normativos. Por ello, Esparza ha expuesto varios aspectos que, en opinión de Navarra, deberían contemplar ambas propuestas para que, sin renunciar a sus respectivos títulos competenciales, se logre la completa compatibilidad.
Entre ellas, Esparza ha destacado la necesidad de que el Estado considere que las entidades intermunicipales de gestión propuestas en el proyecto foral puedan asumir aquellas competencias municipales que el anteproyecto estatal trasvasa al ámbito de decisión autonómico en el caso de las comunidades uniprovinciales como Navarra, al no existir en ellas diputaciones. En su opinión, ello vulneraría el derecho de participación y representación local, situación que el Gobierno de Navarra no comparte y que, por el contrario, considera que se respeta con la fórmula que propone.
Asimismo, Navarra considera que también se podría extender a las entidades de gestión intermunicipal diseñadas en el proyecto foral la posibilidad de que éstas puedan asumir la delegación de las denominadas competencias impropias (servicios sociales, educación y sanidad, entre otras), delegación que el anteproyecto de Ley prevé solo en los municipios mayores de 20.000 habitantes (3 en Navarra) y que, en el resto de los casos, residencia en las comunidades autónomas sin perjuicio de que, si las entidades locales cumplen con una serie de condiciones, las puedan seguir ejerciendo (que no pongan en riego financiero la realización de las competencias propias, que no generen duplicidades con las competencias autonómicas y que se garantice la sostenibilidad financiera del servicio respetando los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera).
