Se rebaja de 25 a 18 la edad mínima para el acceso a la renta y se abre a los mayores de 65 con cargas familiares
PAMPLONA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una modificación de la ley foral por la que se regula la Renta de Inclusión Social para "dar respuesta a la actual situación de las personas en condiciones de exclusión y al justificado aumento de las necesidades sociales".
La proposición de ley, presentada por Bildu, Aralar-NaBai, I-E y Geroa Bai ha salido adelante con el apoyo del PSN, que ha logrado incluir 21 enmiendas. Por el contrario, UPN y PPN han votado en contra del texto.
La ley aprobada en trámite de urgencia y lectura única rebaja las aspiraciones que tenían inicialmente los grupos promotores. La norma introduce una serie de ajustes que el consejero de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, Íñigo Alli, ha valorado en 32 millones de euros y que deja en manos del próximo Gobierno la gestión de una norma para cuyo desarrollo reglamentario se prevén seis meses.
En virtud de las variaciones introducidas, se flexibilizan los requisitos de acceso a la prestación, de modo que se rebaja de 25 a 18 la edad mínima y se abre a los mayores de 65 con cargas familiares, a los menores de 18 emancipados con hijos menores a su cargo y a aquellas unidades familiares que, cumpliendo el resto de condiciones, se hayan visto privadas de residencia legal como consecuencia de la pérdida de empleo.
Con carácter excepcional, podrán beneficiarse también de esta renta aquellas personas que constituyan unidades familiares en las que, aun no cumpliendo la totalidad de los requisitos, confluyan circunstancias objetivas que las coloquen en situaciones de necesidad.
SE MANTIENE LA RESIDENCIA DE 24 MESES
En cuanto a la residencia legal y efectiva, se mantiene la exigencia de los 24 meses (los titulares de la iniciativa planteaban 12), requisito del que quedan eximidos quienes hayan residido más de diez años en Navarra con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley. En ese marco, se contemplan ausencias de hasta dos meses por razones de salud propia o de familiares cercanos, así como por causas derivadas de la búsqueda de empleo o violencia de género.
En lo relativo al periodo de percepción se prolonga el tiempo máximo de cobro de 30 a 36 meses (renovable cada 12, antes cada 6), tope ampliable mediante orden foral del departamento, previo informe favorable de la Comisión de Valoración de Inclusión Social, cuando el cuidado de menores de 16 años impida excepcional y transitoriamente la incorporación laboral del solicitante y del resto de los miembros adultos o cuando concurran situaciones de salud graves y/o sobrevenidas. La proposición de ley original dejaba esta decisión en manos de un trabajador social.
En el caso de renovación "extraordinaria" más allá de los 36 meses, el importe de la prestación completará los recursos económicos mensuales hasta el 100% (antes el 80%) del importe previsto para la unidad familiar, de acuerdo con la escala vigente en la Ley.
INCREMENTA LA PRESTACIÓN
El importe de la prestación se incrementa. Si la unidad perceptora está compuesta por una persona, la prestación alcanzará el 100% del SMI, si son dos el 120%, si son tres el 130%, si son cuatro el 140% y si está conformada por cinco o más miembros el 150%. Los importes mínimos se establecerán reglamentariamente.
No varían los supuestos relativos al acuerdo de incorporación, de manera que serán las "características, necesidades y posibilidades" del solicitante las que determinarán el perfil del programa que la Administración tiene la obligación de ofertar para facilitar su reincorporación social o sociolaboral.
EL CONSEJERO, MUY CRÍTICO
Durante el debate en el pleno, ha pedido la palabra el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, para intervenir ante lo que ha considerado como "calumnias, demagogia barata y acusaciones falsas" que estaban lanzando algunos grupos de la oposición.
Según Íñigo Alli, "se ha demostrado que desde que UPN gobierna en esta comunidad se ha apoyado siempre a las personas más vulnerables". "Con UPN en el Gobierno, la agencia Eurostat dice que en Navarra un 0,6 por ciento de la población está en pobreza severa, la cuarta región de las 248 de Europa con el mejor indicador", ha indicado.
Además, ha señalado que Navarra "está invirtiendo en políticas de inclusión activa 126 millones de euros, lo que supone 146 euros por habitante, cuando la media estatal está en 13 euros por habitante".
Igualmente ha dicho que "Navarra no se merece que en un receso de 3 minutos se haya decidido un presupuesto de 32 millones, que es lo que supone la ley que van a aprobar".
El parlamentario de Bildu Bikendi Barea ha censurado que el acuerdo alcanzado con el PSN "ha destrozado la proposición de ley y no nos convence en absoluto", pero ha dicho que su grupo se ve "forzado" a apoyarla "en un ejercicio de responsabilidad". "Vamos a dar un paso adelante, pero es insuficiente absolutamente", ha indicado.
La parlamentaria de Aralar-NaBai Asun Fernández de Garaialde ha criticado igualmente al PSN, al que ha acusado de haber "frustrado" el cambio previsto inicialmente y ha dicho que apoyarán el cambio aunque esta no era su expectativa.
El parlamentario de Izquierda-Ezkerra Txema Mauleón ha señalado que el debate de esta ley es "un diagnóstico del fracaso del Gobierno de Yolanda Barcina" y ha dicho que hay 8.000 parados más que al inicio de la legislatura. Ha reconocido que algunos cambios introducidos por el PSN son "insuficientes", pero sí suponen "un avance".
El parlamentario de Geroa Bai Patxi Leuza ha criticado que el consejero "se agarra mucho a las agencias como Eurostat pero no sé si se pasea por las calles de Pamplona o le da crédito a los informes de Cáritas", tras lo que ha pedido "una ley universal sin impedir el acceso a la prestación a ninguna persona".
El parlamentario de UPN José Antonio Rapún ha afirmado que la ley presentada por la oposición es "una chapuza" y ha pedido al resto de grupos que miren cuál es el paro que hay en otras comunidades como Andalucía. "Navarra esa la comunidad española que tiene ratios más altas en cualquier aspecto, como la renta de inclusión, educación o salud. Eso lo ha hecho UPN y así lleva desde hace 23 años", ha indicado.
La parlamentaria del PSN Maite Esporrín ha afirmado que "lo importante es ayudar a las personas que peor lo están pasando y si cambian las necesidades se tendrán que cambiar las leyes, y si en un futuro cambia la situación a mejor, por supuesto habrá que cambiar esta ley". Ha afirmado además que la propuesta original de EH Bildu, I-E y Geroa Bai era "asistencialista" y ha señalado que con sus enmiendas busca enfocarla más hacia el empleo.
La parlamentaria del PPN Amaya Zarranz ha criticado que "una ley tan importante como ésta se presente en lectura única y urgente" y ha dicho que los grupos de la oposición "están haciendo un trabajo nefasto", tras lo que les ha emplazado a retirar la ley y a trabajarla "con calma".
