COPENHAGUE, 15 May. (EUROPA PRESS) -
La Policía danesa detuvo a 59 personas durante los disturbios registrados tras el derribo, por sorpresa, de uno de los edificios abandonados del barrio 'okupa' de Christiania.
Los disturbios comenzaron justo después del inicio de las labores de demolición del edificio, a última hora de la tarde de ayer, y continuaron durante gran parte de la noche. Unos 300 manifestantes quemaron papeleras e hicieron pequeñas fogatas y barricadas en las calles aledañas a la entrada de la colonia, según informa el diario danés 'The Copenhaguen Post'.
También lanzaron piedras y cócteles 'molotov' contra los agentes de Policía, que respondieron con gas lacrimógeno. Seis de los detenidos durante los enfrentamientos están acusados de atacar a la Policía.
Algunos de los manifestantes comenzaron a agredir a residentes de la zona y periodistas sobre las 2:00 horas, lo que obligó a la Policía a cargar contra ellos utilizando furgones blindados y más gas lacrimógeno, según informaron las autoridades. La zona que rodea a Christiania fue acordonada hasta la mañana de hoy.
Una de las portavoces de la población de Christiania, la actriz Britta Lillesoe, condenó tanto los métodos de la Policía como la violencia de los manifestantes. "La gente de aquí se asustó bastante cuando vino la Policía porque no estábamos avisados. No queremos violencia aquí, no ayuda a resolver la situación", declaró al diario 'Politiken'.
La demolición forma parte del plan del Gobierno para retomar la propiedad de la colonia 'okupa', establecida en el centro de Copenhague desde 1971. Los 'okupas' accedieron al complejo del siglo XVIII abandonado por la marina danesa y establecieron una sociedad comunal sin propiedad privada tras los muros del antiguo cuartel. Los habitantes de la recién fundada Christiania pintaron los edificios de colores llamativos y legalizaron la marihuana, el nudismo y la anarquía en una sociedad sin policías ni coches.
Los miembros de la comunidad no pagan alquiler, pero sí una cantidad fija mensual para cubrir los gastos de electricidad, agua y otros servicios públicos autogestionados.
El Gobierno reconoció finalmente Christiania como un "experimento social" en 1987 y cuatro años después accedió a otorgar a sus habitantes el derecho al uso de la tierra.
En 2004, el Parlamento aprobó un plan elaborado por el Gobierno de centro-derecha para normalizar la situación legal del enclave y en 2006 se propuso la construcción de 200 nuevos apartamentos, así como la rehabilitación de algunos de los edificios históricos.
