- Ordena la apertura de las 19 fosas conocidas, incluida la de Lorca, y la creación de un banco de ADN para las identificaciones

- Solicita los certificados de defunción de Franco y 34 altos mandos, así como de responsables de la Falange entre 1936 y 1951

MADRID, 16 Oct. (OTR/PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declaró hoy competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo por entender que se produjo un delito permanente de detención ilegal, que encaja en el tipo penal de Crimen contra la Humanidad, que no prescribe. En un extenso auto de 68 páginas, el magistrado ordena la apertura de las 19 fosas conocidas, incluída la del poeta Federico Lorca, y la creación de un banco de ADN para las identificaciones de los desaparecidos. Además, solicita los certificados de defunción de Franco y 34 altos mandos, así como de los líderes de la Falange entre 1936 y 1951, para comprobar si la responsabilidad penal podría ejercitarse o no.

"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil", argumenta Garzón en su auto, en el que añade que la acción de la Justicia "debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos". Este respeto, precisa, se extiende a los miembros de ambos bandos "con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos".

Garzón justifica su decisión de investigar los crímenes franquistas en que, tras un "examen imparcial y sereno de los hechos" considera que los vencedores desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de sus víctimas y aplicaron su derecho a los vencidos. "No aconteció lo mismo respecto de los vencidos, que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado", asegura.

En este sentido enmarca los motivos que le llevaron a rechazar la admisión a trámite de una querella contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos. Estos hechos ya "se investigaron, se procuró sancionar a los posibles responsables y las víctimas fueron identificadas", señala Garzón, que explica además que esta investigación no correspondía a la Audiencia Nacional, sino a jueces locales, porque los fusilamientos de Paracuellos no atentaron contra altos organismos de la nación.

UN PLAN SISTEMÁTICO

Sin embargo, en la presente investigación, existe un delito contra altos organismos de la nación, dado que los sublevados atentaron contra un gobierno legítimamente elegido y, aunque este delito ya ha prescrito, permanece el detención ilegal como crímen contra la Humanidad. Además, el juez enmarca estos delitos en "un plan sistemático de exterminio dilatado en el tiempo" contra los adeptos a la República que "requería el uso de la violencia" y que considera similar al que se llevó a cabo en la Alemania nazi.

De hecho, para calificar como crímenes contra la Humanidad los cometidos después del 17 de julio de 1936, apela a la 'cláusula Martens' de los juicios de Nuremberg y que establece que los abusos cometidos por los vencedores de una guerra deben ser interpretados por el derecho común. También cita una entrevista concedida por Franco en la que aseguraba "estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio". "Tendrá que matar a media España", preguntaba el periodista, "he dicho al precio que sea", respondía Franco.

El auto divide la represión franquista en tres etapas definidas: la represión masiva a través de los bandos de guerra, del 17 de julio de 1936 hasta febrero de 1937; la de los consejos de guerra sumarísimos de urgencia, entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945; y la acción represiva entre 1945 y 1952, marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban. Garzón contabiliza a un total de 114.266 personas desaparecidas, la mayor parte de ellas en Andalucía, Castilla y León y Extremadura.

Aunque el juez declara la extinción de responsabilidades de Franco y otros 34 altos mandos del Ejército sublevado, entre los que se incluyen generales como Mola, Yagüe o Queipo de Llano, pide confirmar su muerte, para lo que solicita sus certificados de defunción. Del mismo modo, reclama al Ministerio del Interior los datos que identifiquen al máximo número posible de dirigentes de la Falange Española entre el 17 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1951 para determinar si existe extinción de responsabilidades por defunción.

EXHUMACIÓN DE FOSAS

Con todo, Garzón autoriza la exhumación de los restos de 19 fosas comunes localizadas en diferentes puntos de España, incluida aquella donde se encuentra enterrado el poeta Federico Lorca, más todas aquellas que puedan ir apareciendo. La exhumación deberá realizarsse "bajo la supervisión de la dirección de la autoridad judicial en cuya jurisdicción se encuentre" la fosa, que deberá dirigir "el levantamiento del cadáver, la identificación, la inhumación y el registro de la víctima".

Todos estos trabajos se realizarán "procurando preservar las medidas de seguridad y privacidad, así como garantizando la dignidad de las víctimas y de los familiares". Además, crea un grupo de expertos -cinco de ellos que propondrán las partes, dos del Juzgado y otro de la Policía Judicial- con el fin de desarrollar las labores de búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos, que analizarán el número y el lugar e identificación de las víctimas y presentar un informe con el número total de fallecidos.

Esta comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida en la Guerra Civil y el Franquismo, hasta diciembre de 1951. A esta comisión le propone la creación de un banco de ADN que contribuya a desarrollar las labores de identificación, así como a la acumulación de las cepas que puedan ser necesarias para poder desarrollar las pruebas dirigidas a identificar a las víctimas, para lo cual contará con la cooperación del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses y el "auxilio de clínicas forenses, grupos de expertos, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, universidades o cualesquiera organismos nacionales e internacionales que puedan aportar ayuda".