Publicado 26/02/2017 08:00

Carmen Tomás.- Los estibadores paralizarán los puertos

MADRID (OTR/PRESS)

El Ministro de Fomento cumplió y el Gobierno aprobó el viernes el Real Decreto Ley que liberaliza el sector de la estiba. La norma deberá ahora ser convalidada en el Congreso de los Diputados para después de ser remitida a Bruselas en el plazo de 30 días, con el fin de evitar la multa de 21 millones de euros y los 134.000 euros diarios que amenazan con cobrarnos cada día que el decreto no entra en vigor. El gobierno necesita mayoría simple, es decir, bastaría con la abstención del PSOE. Cabe recordar que en 40 años nunca el Congreso ha echado atrás un Real Decreto Ley. Veremos. En líneas generales, la liberalización del sector adapta la normativa comunitaria y contempla tres años de periodo transitorio en el que progresivamente las empresas evitarán la obligación de tener que contratar trabajadores de las sociedades de gestión de estibadores portuarios, es decir en el plazo de tres años se podrá contratar libremente trabajadores. El ministro de Fomento, en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, pidió responsabilidad a los partidos políticos cuando la norma llegue al Congreso y también a los estibadores, ya que estos siguen manteniendo las tres semanas de paros anunciados a partir del 6 de marzo. De La Serna exigió el cumplimiento de los servicios mínimos y la carga y descarga de productos perecederos o tóxicos.

Los sindicatos, por su parte, siguen hablando de chantaje. Creen que el Gobierno no ha hecho lo suficiente para negociar y le acusa de ser el responsable de que haya paros en los puertos de España. Por cierto que el representante de UGT lamentaba ayer en EsRadio que el gobierno de España no se hubiera comportado como lo habían hecho otros en Europa y ponía como ejemplo el proceso que se había llevado a cabo en Bélgica. Resulta que en este país se ha firmado un plan de modernización y liberalización de la estiba en idénticos términos que el Real Decreto aprobado el viernes tanto en el periodo transitorio como en lo demás. Es decir, que los trabajadores, sus representantes, siguen confundiendo a los ciudadanos, mienten si es preciso, para hacernos creer que Fomento no ha querido negociar y que se han visto obligados a mantener los paros.

No hay que olvidar que cada día de paro se pueden perder 50 millones de euros. Por los puertos españoles entran y salen mercancías por valor de más de 200.000 millones de euros, más del 20 por ciento del PIB y que el daño a las empresas puede ser cuantiosísimo, máxime si cumplen las amenazas de causar daños. Habrá que ver cómo se cumplen esos paros y si el gobierno está dispuesto a hacer algo más que fijar unos servicios mínimos en un sector estratégico para la economía. Unas 6.200 personas no pueden durante tres semanas secuestrar la economía de un país para mantener un monopolio trufado de privilegios, incluido el impresentable y rechazable de no permitir la entrada de mujeres en las labores de estiba.

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