MADRID, (OTR/PRESS)
El gobierno tiene difícil sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para este año. Por un lado, Ciudadanos exige una serie de condiciones para aprobarlos. Una tiene que ver con el compromiso firme del Gobierno de equiparar los salarios de Guardia Civil y Policia Nacional con los cuerpos autonómicos, sino también la renuncia a su escaño de la senadora popular Pilar Barreiro, que ha sido citada como investigada por el Tribunal Supremo. La exalcaldesa de Cartagena está siendo investigada en el caso Púnica por cinco: fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada. El Gobierno de momento no quiere sacrificar a la senadora. Pretende esperar a que las investigaciones concluyan si hay o no caso.
No obstante, el Gobierno necesita a los diputados del PNV para la aprobación de las cuentas públicas y parece que en este caso aún es más difícil aún que los vascos cambien de opinión. No sólo quieren esperar a ver qué ocurre, cuál es la solución que finalmente pone en marcha la gobernanza de Cataluña, sino que el PNV habla de presos, de derecho a decidir, de autodeterminación poniendo muy caro y fuera de la ley su voto positivo.
De ahí que en los últimos días hayamos escuchando al ministro de Hacienda decir que lo van a seguir intentando hasta finales de marzo, plazo máximo en el que podrían llevar las cuentas al Congreso. Y que de no lograrlo no se hunde el mundo porque el Gobierno aprobaría una serie de reales decretos mediante los que sacaría adelante cuestiones como la subida del sueldo de los funcionarios o la bajada del IRPF para las rentas inferiores a 14.000 euros. Medidas que difícilmente tanto Ciudadanos como PSOE podrían rechazar, pero de las que tampoco podrían fardar y que romperían el discurso tan extendido del inmovilismo del Gobierno.
