MADRID, 17 Nov. (OTR/PRESS) -
"La letra con sangre entra". El Gobierno de Rajoy ya sabe que llegar a un pacto por la educación le va a costar sangre. En el Congreso le han tumbado la LOMCE y las reválidas, y se ha suspendido sine die su efecto académico y posiblemente su misma realización. El PSOE -que es el primer responsable de algunas cosas buenas en la educación y de gran parte del desastre en que se ha convertido el sistema educativo, como la baja calidad, el desprestigio y desmotivación del profesorado y los altos índices de fracaso escolar- ha calificado la ley de "elitista, excluyente, segregadora, confesional y dañina". Sin un ápice de autocrítica ni nada que se le parezca. Como si no tuviéramos memoria.
El resultado es que todos los grupos se han levantado contra el PP -culpable, sobre todo, de haber puesto al frente del Ministerio de Educación, hasta la llegada del actual, a ministros reacios al diálogo y poco competentes- y el Gobierno se ve obligado a reformar su política educativa. Rajoy nombró a Méndez de Vigo, en Educación, y a Catalá, en Justicia, para deshacer los entuertos y desastres de sus antecesores, Wert y Ruiz Gallardón -nombrarles fue el primer error-, corregir su falta de diálogo y tratar de pacificar los sectores. Pero todos sabían que no bastaba con eso. Ahora tenemos la oportunidad de alcanzar un pacto educativo y en la Justicia, imprescindibles para el futuro de nuestro país. Pero no va a ser fácil porque hay demasiados intereses en juego.
En la educación hay tanta demagogia como voceros interesados. Es un disparate que tengamos casi tres universitarios por cada estudiante de Formación Profesional. O que la falta de exigencia haga que el nivel educativo baje año tras año desde la Primaria hasta la Universidad. O que haya carreras universitarias con sus edificios, profesorado y servicios auxiliares con dos docenas de matriculados. O más de 70 Facultades de Derecho, por ejemplo. O que, aunque hayan subido las tasas, los ciudadanos paguemos con nuestros impuestos el 80 por ciento del coste a universitarios que no pegan un palo al agua y tardan ocho años en terminar un grado de cuatro. O que no haya ninguna conexión entre el mundo universitario y el laboral y éste sea incapaz de acoger a los graduados.
Hay otros datos que deberían valorarse. No sólo es que lo que no evalúa no se sabe si funciona -las reválidas "malditas"-, sino que a los padres les importa que sus hijos aprueben y no tanto que estudien o que sepan. Desde el endurecimiento de las becas universitarias -antes se pedía sólo un 4,5 para renovarlas- ha mejorado el rendimiento de los universitarios. Tras la subida de las tasas -con el efecto negativo de expulsar a algunos- han mejorado las calificaciones de los universitarios. Lo suyo sería no castigar a los que estudian, sino a los repetidores. Y lo suyo sería que no cueste el doble estudiar una carrera en Cataluña que en Galicia, por ejemplo. Pero estamos, sobre todo los políticos, hablando de otras cosas. El pacto es básico. Pero un pacto para mejorar la calidad y el nivel de exigencia de nuestra educación, para llevar a los mejores al profesorado, para invertir con cabeza, para acabar con la demagogia. Ojalá lo consigan.
