Por José Rafael Mendoza Márquez (OTR/PRESS)
Desde el triunfo de la Revolución bolivariana en el año 1999, se inicia una nueva etapa de cambios y transformaciones en Venezuela. El nuevo modelo político y económico apuntó a un desarrollo social incluyente de los sectores más desfavorecidos. Se recuperan los recursos estratégicos y se impulsa la economía con prioridad en la redistribución de la riqueza y reducir la pobreza y la desigualdad.
Ante este nuevo escenario la reacción de los sectores conservadores no se hace esperar. Se inicia una escalada de sabotaje a la economía nacional. En diciembre de 2001 se produce un paro empresarial; en abril de 2002 se produce el Golpe de Estado en contra del Presidente Hugo Chávez; entre diciembre de 2002 y febrero de 2003 se produce la paralización de la empresa petrolera nacional, y de esta forma se desploma la economía y la actividad comercial, causando una pérdida a la República de más de 10 mil millones de dólares.
En el año 2005 la oposición se retira del proceso electoral parlamentario para deslegitimar dicha elección; y luego en un sin número de actividades siempre su actuación ha sido desconocer abierta y públicamente las leyes de la República, las instituciones del Estado y el Gobierno Nacional, legitimado siempre a través de elecciones democráticas.
Una de fortalezas que determinaron el éxito del gobierno bolivariano, fue un sistema de precios adecuados del barril del petróleo, una capacidad fiscal recaudadora de recursos internos por vía de un sistema tributario modernizado y eficiente; un sector productivo en expansión; inversiones y convenios internacionales que dinamizaron grandes obras de infraestructura en beneficio del país; un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos que se tradujo en un crecimiento exponencial de la clase media, que a su vez, produjo un nivel elevado de consumo que dinamizó la economía. También, un modelo de políticas en favor de los sectores más desfavorecidos (Misiones Sociales), que le otorgaron mayor nivel social y económico. Se produce por tanto, un escenario virtuoso de la economía y sobre todo en el escenario social.
De igual forma, el gobierno venezolano estaba dirigido por un líder político de enorme presencia y apoyo popular (Hugo Chávez), con una capacidad de dirección, visión estratégica, liderazgo continental y mundial, conexión con los distintos sectores sociales, un poderoso movimiento político, social y electoral, entre otros elementos que siempre le dieron una ventaja sobre los sectores conservadores.
Ya para el año 2008 los precios del barril del petróleo comienzan a bajar, la recesión económica en muchos países se evidencia, el crecimiento lento de la economía mundial, el consumo energético comienza a reducirse y ese encadenamiento de elementos económicos internacionales hace que la economía nacional comience a verse afectada. Pero además, la muerte de Hugo Chávez en marzo de 2013, deja abierta la puerta para que se produzca en Venezuela un escenario extremadamente complejo y difícil. Para Venezuela y para todos los países petroleros, esto es un gran problema.
En Venezuela el precio ha tenido un impacto muy grande en el ingreso, cercano al setenta por ciento. Hay que tener en cuenta que el ingreso del país depende del volumen de producción y exportación y, en proporción abrumadora, de los precios petroleros.
El Estado ahora tiene menor disponibilidad de recursos en dólares para garantizar el alto nivel de importaciones que caracterizan, de manera crónica, la economía nacional. Al bajar los ingresos en dólares, baja la capacidad de compra externa, tanto de productos elaborados como de insumos para la producción. A esto se agrega el establecimiento de un precio de dólar no oficial, cuyo precio se toma como referencia para la especulación comercial, cuanto no está en correspondencia con la economía real.
Aparecen así, fenómenos muy dañinos para la sociedad y la economía: la escasez e inflación. Esta última estimulada en buena medida por el acaparamiento y el llamado contrabando de extracción que implica volúmenes importantes de lo que se importa.
De igual forma, existen otros problemas generados por los errores en el modelo de gestión, ya que la falta de eficiencia, eficacia y lucha contra la corrupción y vicios administrativos, han hecho que la situación económica se deteriore. Hay una evidente caída de la calidad de vida de los ciudadanos, problemas de abastecimiento de productos y bienes esenciales, una alta tasa inflacionaria, pérdida de la capacidad adquisitiva y aumento de la pobreza.
Ante este escenario, la oposición logró un éxito importante en las elecciones parlamentarias en diciembre 2015, y a partir de allí vuelve a plantear la salida del gobierno del Presidente Nicolás Maduro como su objetivo central. Pero con todo y su nuevo capital político, la oposición no ha podido imponer su estrategia que se despliega en dos grandes direcciones: la ofensiva internacional (invocación de la Carta Democrática en la OEA), y la otra, la ofensiva interna (Renuncia del Presidente, Enmienda Constitucional para recortar el período gubernamental, y el Referendum Revocatorio).
El gran conflicto y los problemas económicos están allí. La confrontación entre el Gobierno y el Parlamento, no ha permitido concertar una agenda en lo económico. Lo que realmente está en batalla en Venezuela es el poder político, que tiene como componente principal por su gigantesca reserva petrolera, por su posición geoestratégica en relación con el resto la región y por la distribución del ingreso.
Así la nueva realidad, obliga a redefinir el rumbo del modelo económico, y establecer un nuevo y estricto orden de prioridades; la primera prioridad para la sociedad en esta situación es que tenga suficiente aprovisionamiento de alimentos y medicamentos, estimulando la producción interna e importando lo que se requiera para la dieta del venezolano. Le sigue el control de la tasa inflacionaria y el tema de la seguridad ciudadana. Se debe lograr mayor coherencia en la adopción de las políticas, lograr la eficiencia y la eficacia en la administración y apuntar a mejorar la calidad de la gestión gubernamental.
Se requiere de un mayor diálogo entre los actores políticos, sociales y productivos del país. El gobierno ha establecido acuerdos con parte del sector productivo nacional privado, les ha garantizado insumos y recursos económicos para obtener materia prima y acelerar la producción interna, pero muchas de estas medidas serán insuficientes, si no se llega a acuerdos con la Oposición, ya que se requiere un escenario de estabilidad institucional para que funcione el aparato económico.
Este reto lo tienen ambos sectores políticos, y según el Acuerdo del Consejo Permanente de la OEA del pasado primero de junio, hay un exhorto a ambos bloques para enfrentar un diálogo franco y superar así los problemas del país. La comunidad regional reaccionó de forma clara excluyendo cualquier posibilidad de intervención en los asuntos internos y dejo claro que serán los venezolanos quienes deberán encontrar la fórmula para avanzar en paz y estabilidad.
José Rafael Mendoza Márquez, politólogo venezolano y profesor e investigador universitario. Magister en Administración Pública. Especialista en Análisis y Evaluación de políticas y servicios públicos. Doctorando en Gobierno y Administración Pública.
