Por Juan Rafael Mendoza (OTR/PRESS)
La situación política, social y económica venezolana es bastante compleja, y el escenario de confrontación entre Gobierno y Oposición no es nada saludable, y menos apunta a lograr consensos mínimos que permitan solventar en el corto plazo dichas dificultades.
Desde la desaparición física del ex presidente Hugo Chávez en marzo de 2013, quien fuera el gran constructor y líder del proceso revolucionario, la gestión gubernamental deNicolás Maduro no ha podido atinar en las políticas económicas adoptadas, entre otras cosas, porque su gestión no ha contado con la direccionalidad adecuada y un equipo económico coherente.
Se fueron postergando decisiones en materia económica que eran vitales, máximo cuando el escenario económico mundial y los precios del crudo (principal fuente de ingresosdel país) fueron cayendo a niveles mínimos, por tanto, el escenario de prosperidad se deterioró y las consecuencias en lo social eran inevitables.
Hoy, se tiene un escenario muy difícil, la falta de producción de bienes esenciales genera un desabastecimiento importante que merma en la capacidad de bienestar de la sociedad, se elevan los costos para su adquisición, aumentando la ya elevada tasa inflacionaria que influye en la economía nacional, y a esto se suma, unas mafias institucionales y de grupos económicos interesados,que se aprovechan de esta situación para acaparar y generar un caos en la distribución de los productos y bienes para la población.
El gobierno ha señalado que existe una "guerra económica" generada por sectores empresariales, y financieros internacionales y nacionales, y a partir de dicha afirmación trata de demostrar que los efectos de esta acción ha mermado la capacidad de producción y venta de los productos de primera necesidad.
Sin embargo, hay especialistas cercanos al gobierno, y otros que tuvieron cargos de relevancia en el gobierno de Hugo Chávez, quienes cuestionan tales argumentos, demostrando que aunque existen elementos reales para tal afirmación (recordemos que no es una política nueva en América Latina, donde se intenta desde los factores de poder debilitar a los gobiernos progresistas, como fue el caso del Gobierno de Salvador Allende en Chile entre 1970 y 1973), el gobierno ha sido ineficaz en dicha batalla, y por el contrario, sus indecisiones, y medidas adoptadas sin el debido estudio y rigurosidad técnica y política han alimentado ese escenario, colocándole en bandeja de plata a los sectores conservadores y reaccionarios la posibilidad de derrotar al proyecto revolucionario.
Hoy distintos estudios de opinión (Hinterlaces, Datanalisis) señalan que existen niveles elevados de desaprobación a la gestión gubernamental, se eleva la incertidumbre y crece el descontento. Las medidas económicas adoptadas recientemente (ajuste de precios, conformación de grupos y centros de distribución de alimentos a sectores sociales particulares a precios subsidiados, negociaciones con algunos sectores productivos, entrega de divisas para la importación de insumos para elevar la producción interna, etc.) no han tenido impacto en la valoración positiva de la gestión.
A esto se añade que el discurso gubernamental es débil en su mensaje esperanzador, no vislumbra un horizonte económico claro, y por tanto se acentúan los indicadores negativos. El gobierno adolece de una acertada significación de la crisis económica, lo que produce mayor malestar y profundiza la crisis social.
En este sentido, es importante destacar que la ausencia de direccionalidad política en la gestión gubernamental, ha sido denunciada por distintos sectores y actores políticos que siempre han acompañado al proyecto revolucionario, y como lo señala el escritor y profesor Luis Brito García "La crisis es viento huracanado, que cuando las izquierdas no están a su altura, es aprovechado por las derechas. Si estas manejan bien los aparatos ideológicos que monopolizan, pueden convencer a las masas de que la miseria, que la crisis general no se deben al capitalismo, sino a factores incidentales".
Del otro lado de la acera política encontramos la actuación de la oposición venezolana, que en nada favorece a un escenario de mayor sosiego y tranquilidad institucional. Su victoria electoral el pasado diciembre y la mayoría absoluta alcanzada en el Parlamento, la ha interpretado como un cheque en blanco para atropellar y avasallar al poder ejecutivo.
Prometió en la instalación de la nueva Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016, que en seis meses sacarían del poder al gobierno del Presidente Nicolás Maduro, y ante tal aseveración se levantaron las banderas de guerras y confrontación institucional que ha llevado al país a una lucha estéril por el poder político.
La oposición ha contado, como siempre, con sus aliados internacionales poderosos, además de las grandes corporaciones mediáticas, así pues la OEA y su Secretario General se han convertido en abanderados de la lucha contra el gobierno legítimo de Nicolás Maduro y por ende ha exacerbado el clima de confrontación institucional.
La oposición cuestiona a los ex presidentes Zapatero (España), Torrijos (Panamá) y Fernández (Rep. Dominicana) como interlocutores apoyados por los organismos internacionales (UNASUR; UE) para adelantar un diálogo directo entre oposición y gobierno en Venezuela. Pero no sólo cuestiona, sino entorpece cualquier posibilidad de acuerdo en materia económica que pueda, junto al gobierno, definir algunas políticas que vayan en beneficio del país. Su única y excluyente opción es la realización del Referéndum Revocatorio para salir del Gobierno del Presidente Maduro.
Este mecanismo constitucional, es una salida y escape a la crisis que vive el país, y ciertamente nuestro sistema político así lo permite, pero lo que se oculta en el discurso político es que la oposición no cumplió de entrada con las normas y los mecanismos reglamentarios (establecidos en desde el año 2007 por el Consejo Nacional Electoral (Poder Público autónomo), ya que para activar dicho proceso debió iniciarlo el 10 de Enero de 2016 (fecha donde se cumplía la mitad del período gubernamental), sino que espero (por falta de acuerdos entre los factores que la integran) hasta finales del mes de mayo para iniciar el proceso.
De esta forma, según reglamento y cumpliendo los parámetros establecidos, se podrá efectuar dicha consulta para los primeros meses del año 2017.
Por si esto fuera poco, el escenario político en la región cambió (triunfo de Mauricio Macri en Argentina, y la destitución fraudulenta por parte de la Derecha en Brasil de la Presidenta Dilma Rouseff), lo que pone al gobierno bolivariano en una situación de apremio, ya que no cuenta con el apoyo de gobiernos importantes.
Paraguay ahora en este nuevo cuadro subregional, y contando con la venia de Macri y Temer, se vuelve virulento en el discurso contra el gobierno venezolano, y ahora torpedea la asunción a la presidencia Pro Tempore de Mercosur a Venezuela, tal como corresponde según su estructura y funcionamiento.
Todo un escenario de mayor presión para derribar el proyecto político bolivariano. Ya el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, en la celebración del 37 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, decía: "El enemigo sabe muy bien que si derrota a Venezuela, desmoraliza a las fuerzas progresistas y al pueblo latinoamericano".
Esta lucha política en Venezuela no es sólo por el control del poder político del gobierno, es una lucha continental, entra en un escenario clave de geopolítica regional y mundial. Recordemos que Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo del mundo, unos de los que cuenta con mayores reservas de gas, igual reservas de minerales como Coltán y otros minerales usados por las grandes compañías tecnológicas en el mundo, además está inserta en la zona de mayores reservas de agua dulce del planeta.
