MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se ha mostrado convencida de que los consumidores "seguirán pagando el canon digital" a pesar de que la Audiencia Nacional ha declarado nula la norma que lo regula, una decisión que se suma a la reciente sentencia de la Unión Europea y que, a su juicio, "demuestra que el sistema del canon, tal y como está actualmente en España, es injusto".
Según ha indicado la OCU, "ahora existe un vacío legal en lo referido al canon digital" y ha opinado que el Ministerio de Cultura "deberá pronunciarse, aunque de momento dice que la decisión de la Audiencia Nacional no anula el derecho a la compensación de los artistas por copias privadas y que se está trabajando en ello".
La organización, que ha afirmado que la anulación de la norma de 2008 que regular el canon digital supone "una estocada al sistema del canon tal y como está diseñado en España", ha recordado que esa Ley "fijaba cuáles eran los soportes digitales sujetos al pago de la tasa por copia privada, así como la cuantía que debía pagarse por cada uno de ellos".
"Es cierto que la sentencia no entra en el fondo del asunto, es decir, no valora la licitud del canon, pero la realidad es que a fecha de hoy, desde la OCU consideramos que no existe un fundamento legal sobre el que se pueda justificar el cobro de esta especie de tasa que es el canon", ha asegurado la entidad.
Asimismo, ha destacado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de octubre 2010 contra el canon "estableció que la aplicación indiscriminada del canon, en relación con todo tipo de equipos, aparatos y soportes de reproducción digital, incluido el supuesto de que estos eran adquiridos por personas distintas de las personas físicas para fines manifiestamente ajenos a la copia privada, no resulta conforme con la directiva".
Finalmente, la OCU ha asegurado que "la sentencia de la Audiencia Nacional supone el golpe de gracia al declarar nula la norma que legitimaba el cobro de una tasa a las distintas entidades de gestión; que quedaba pendiente si el canon podía cobrarse a las personas físicas, a los consumidores y usuarios; que confía en que los consumidores formen parte del proceso de redacción de una nueva norma; y que se debe analizar hasta qué punto las cuantías cobradas en virtud de la norma anulada pueden ser recuperadas por millones de perjudicados".
