MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) defenderá el próximo miércoles en la Comisión de Agricultura del Congreso una proposición no de ley con la que pide al Gobierno que impulse la inclusión de criterios sociales y ambientales en los contratos de compra pública de alimentos, más allá de los requisitos ya existentes de cuál es la oferta económicamente más ventajosa.
En la iniciativa, que recoge Europa Press, la coalición de izquierdas recuerda que el Estado destina cada año entre 2.000 y 3.000 millones de euros para comprar alimentos para instituciones como los colegios, las universidades, los hospitales o las cárceles, lo que convierte a las administraciones públicas en el "principal cliente" del sector.
Esto hace que su capacidad para modificar el mercado alimentario sea "muy grande", lo que a juicio de la diputada Laia Ortiz, que firma la iniciativa, debería aprovecharse para "crear, fortalecer y extender una red de mercados locales viables" destinando las compras a los proveedores que puedan cumplir las mejores condiciones sociales y medioambientales.
MÁS EMPLEO
Ello redundaría en una mayor creación de empleo nacional, impulso de los mercados locales, dinamización territorial, apoyo al tejido empresarial de pequeña escala, más diversificación e innovación, desarrollo rural, mejora de las posibilidades de supervivencia de las explotaciones agrarias familiares y una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero además de mayor ahorro energético, al fomentarse el consumo de productos de proximidad.
Por eso, la Izquierda Plural pide un Plan de Contratación Pública Alimentaria de proximidad que incluya criterios sociales y ambientales en la adjudicación de contratos de suministro, y que prevea "objetivos concretos y un calendario" de implantación, así como "los procesos necesarios para asegurar la implicación de los actores sociales involucrados".
Desde el grupo parlamentario recuerdan además que la revisión de la directiva de Contratación Pública que el Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de enero insta a las administraciones a priorizar los aspectos sociales, medioambientales y la innovación en las licitaciones, y no únicamente el precio más competitivo. "Los nuevos criterios terminarán con la dictadura del precio más bajo y pondrán de nuevo la cualidad como centro de las prioridades", llegó a decir el europarlamentario Marc Tarabella.
