MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -
La coordinadora de la comisión de menores de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP), Alicia Piña, ha mostrado su "escepticismo" ante la repercusión del Reglamento General de Protección de Datos, que empieza a aplicarse el próximo 25 de mayo, en los centros educativos públicos, ya que no podrán ser sancionados económicamente cuando se produzca un tratamiento ilícito de los datos o información de menores, como sí puede suceder cuando ocurra en centros privados o concertados.
"Los profesionales de la privacidad somos un poco escépticos sobre cómo calarán estas novedades en los colegios públicos porque, con la ley en la mano, las administraciones públicas no pueden ser objeto de una sanción de caracter pecunario", ha explicado a Europa Press la representante de APEP, que este viernes ha organizado en Madrid la jornada 'Los centros docentes y la gestión de la privacidad de su alumnado' con la participación de expertos profesionales.
La aplicación del Reglamento General de Protección de Datos a partir del 25 de mayo introduce cambios legislativos en la regulación del derecho a la protección de datos de carácter personal en la Unión Europea. En cuanto a los menores, explicita exigencias específicas y cualificadas a cargo de quienes tratan datos personales de menores, reconociendo su condición de "personas vulnerables".
Por ello, según apuntan desde APEP, "no sólo es necesario abundar en la responsabilidad de los centros educativos con respecto a la privacidad de su alumnado, sino en el enfoque crítico con el que su equipo directivo ha de acometer la identificación de riesgos para los derechos y libertades de los menores".
En este sentido, Piña afirma que en los centros educativos el nuevo reglamento "debería influir en crear un nuevo cambio de conciencia en el tratamiento de la información personal de los menores" ya que establece la posibilidad de llegar a imponer, en algunos casos, sanciones económicas, "aunque no repercutirá del mismo modo en un centro público que privado", subraya.
"Habrá mayor diligencia y cuidado en el tratamiento de datos de menores, y se tendrá que analizar los riesgos que supondrá utilizar ciertos datos como imágenes para tomar medidas de seguridad", añade la experta de APEP, que apunta a la nueva Ley de Protección de Datos, cuyo texto todavía no ha sido aprobado, como la que supondrá un verdadero antes y después en el tratamiento de datos de menores en los centros educativos.
"Lo va a cambiar sí o sí porque será necesario, sin margen de excepción, que todo centro docente disponga de un delegado de protección de datos, que será un experto en privacidad que supervise la labor de cada centro y una figura obligatoria cuando se apruebe la ley que deberá conocer las normas", explica Piña.
Según APEP, el nuevo General de Protección de Datos "trata de favorecer la transición de una conciencia social reactiva ante riesgos hacia la proliferación de protocolos integrados por directrices preventivas", que deben estar basadas en la anticipación y orientadas a erradicar o minimizar la probabilidad los menores sufran un daño por la mala utilización de sus datos.
