MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las organizaciones ecologistas interesadas en la posible renovación del permiso de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) alegarán en contra de esa posibilidad la edad avanzada de la planta, su falta de cultura de seguridad, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental o la tendencia mundial contraria a la energía nuclear.
Así lo han adelantado Ecologistas en Acción y Greenpeace a Europa Press, tras la apertura del plazo de alegaciones anunciado este martes por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en el que durante 10 días hábiles las once entidades interesadas podrán exponer sus razones a favor o en contra.
El Consejo de Seguridad Nuclear emitió a principios de febrero de este año un informe favorable a la renovación del permiso de explotación de la planta burgalesa y según la legislación vigente es el Gobierno quien tiene la decisión en sus manos. Así, tras conocerse el informe, el Ministerio señaló que abriría un periodo de seis meses para conocer y recabar las opiniones de todas las partes interesadas.
El portavoz nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, considera que tanto en España como en el resto del mundo hay "una división en la industria" sobre la energía nuclear y sobre España ha recordado que Iberdrola --propietaria al 50 por ciento con Endesa de Nuclenor, el titular de Garoña-- se ha mostrado partidaria de "desistir" de la continuidad de ese reactor.
"Iberdrola lanza muchas señales a favor del cierre nuclear pero el retraso en Garoña tiene que ver con el pulso de las elites industriales, entre los que están a favor y los que están en contra de ir prescindiendo de la nuclear a distintos ritmos. A nivel mundial, las empresas ven el futuro sin energía nuclear, frente al Gobierno, que no es independiente en este pulso y se ha mostrado a favor de la energía nuclear en el futuro", ha reflexionado.
En este contexto, ha expuesto que alegarán que hay "suficientes indicios" que apuntan a que Garoña "no está en condiciones de continuar, por seguridad y porque Nuclenor tiene una cultura muy baja de seguridad, con bidones de residuos que se corrompen o megafonías clave que no funcionan".
"La apertura de Garoña es una temeridad", ha sentenciado Castejón, a su vez físico experto en fusión termonuclear en el Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).
En la misma línea la portavoz de energía de Greenpeace, Raquel Montón, califica de "inédito" este "plazo de seis meses que se han sacado de la manga" para después dar a las partes interesadas un plazo de diez días y sin que hayan podido consultar el expediente técnico completo de Garoña.
"Dicen que hemos tenido cinco meses para evaluarlo, pero solo nos han trasladado el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear que está publicado en la página de Internet", ha criticado--. Ahora tenemos diez días para opinar sobre estos informes a lo que no hemos tenido acceso, en un proceso para el nos dan diez días".
En todo caso, ha indicado que Greenpeace expresará en sus alegaciones lo que reclama "desde hace varios años".
Esto es, la necesidad de una evaluación de impacto ambiental, algo que considera que es necesario en base a la legislación española e internacional y que, de no haberse modificado el Reglamento de Instalaciones Nucleares (RINI) para permitir que Garoña pudiera solicitar la renovación de su licencia --expiró en julio de 2013-- el titular debería haber "empezado de cero", lo que conllevaría pedir una nueva solicitud de autorización que incluiría una evaluación de impacto ambiental.
Montón ha detallado que en sus alegaciones añadirán "todos" los requisitos que se han dejado de pedir a Garoña por los cambios de normativa, los últimos sucesos de "la central más vieja de Europa" y, sobre todo, insistirá en que aumentar la actividad de la central por la mitad de su vida útil inicial es aumentar por un 50 por ciento los riesgos asociados a una planta nuclear, así como sus residuos.
"Son argumentos como para plantearse tanto los estudios económicos como de impacto ambiental", ha comentado.
A su juicio, ni el Gobierno ni las empresas saben "como salir del entuerto en el que se han metido hace tiempo" porque considera que si estas claramente quisieran poner en marcha la central no se habrían esforzado en cambiar la normativa y que ahora que cuenta con los parabienes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) están "estirando y alargando la decisión" con un ficticio proceso de participación pública.
"Esto es una evidencia de que no hay una auténtica voluntad de participación pública. No tiene lógica que al final se dilate el proceso todo este tiempo", opina Montón, que sin embargo, no ve sentido dar una autorización y dejar a criterio de la empresa la decisión final, porque abriría la puerta a una indemnización por lucro cesante.
Entre las entidades con posibilidad de alegar está también el Gobierno autonómico de La Rioja que, en declaraciones a Europa Press ha adelantado que no va a presentar ninguna pero sí que trasladará al Ministerio que dirige Álvaro Nadal el mandato del Parlamento de La Rioja que votó por que se instará al Gobierno central al desmantelamiento de la central de Santa María de Garoña.
