BILBAO, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea no ha recibido aún, como es preceptivo de acuerdo con el artículo 41 del Tratado Euratom, los planes de inversión necesarios para adaptar la central nuclear de Garoña (Burgos) a las exigencias de seguridad que se detectaron tras los test de resistencia que se realizaron tras la catástrofe de Fukushima. Así se consigna en la respuesta a una pregunta dirigida a la Comisión Europea por la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao, que llevó incluso al pleno la situación de esta instalación.
Según ha informado el PNV, el cumplimiento de este requisito es preceptivo para reabrir la central, porque así se detalla en el tratado Euratom y porque, tras los resultados del test de resistencia que promovieron las autoridades europeas tras el accidente de Japón, se demostró que las obras a realizar son estructurales.
Por ello, el PNV recordaba en su pregunta que los estudios acreditaban que "esta central no resiste terremotos de la intensidad que exige el regulador, presenta riesgo de inundación muy alto en caso de rotura de las presas cercanas y tiene deficiencias en la custodia y protección del combustible gastado en caso de pérdida de los sistemas de refrigeración".
También denunciaba que faltan medidas para reducir las concentraciones de hidrógeno, con riesgo de explosión en la contención del reactor. Finalmente, se detectaron deficiencias en los planes de emergencia ante una catástrofe nuclear en la zona.
Estas circunstancias, la longevidad de una central diseñada para operar durante 25 años y con 41 de actividad y la existencia en su perímetro cercano de significativos núcleos de población como las localidades burgalesas de Miranda de Ebro y la capital del País Vasco (Vitoria), eran otras circunstancias que, recordaba Izaskun Bilbao, "aconsejan que concluya el ciclo de vida útil de la central el próximo mes de julio".
En su respuesta, el Comisario de Energía, Günther Oettinger, informa de que la Comisión sí ha sido informada de que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo español está tramitando una modificación de la legislación nacional pertinente que propone que, en caso de que el cese de la actividad de una instalación nuclear no se deba a motivos de seguridad nuclear, el titular de la licencia de explotación pueda solicitar una renovación de la misma en el plazo de un año tras la declaración de cese de actividad.
De conformidad con la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo, de 25 de junio de 2009, los Estados miembros deben comunicar a la Comisión el texto de las disposiciones básicas de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por esta Directiva, así como de cualquier modificación posterior de las mismas.
Sin embargo, la Comisión no ha recibido ningún plan de inversión con arreglo al artículo 41 del Tratado Euratom relativo a una modificación en la central nuclear de Santa María de Garoña.
El comisario aclara que las decisiones sobre la posible prórroga de la licencia de explotación de una central nuclear y sobre su reapertura son de competencia nacional. "Es responsabilidad de los Estados miembros garantizar que la central nuclear se explote de forma segura, de conformidad con la Directiva 2009/71/Euratom del Consejo", señala.
Para hacer efectiva esta obligación, los Estados miembros deben garantizar que su marco nacional "exija que los titulares de una licencia, bajo la supervisión de la autoridad reguladora nacional competente, evalúen y verifiquen periódicamente y mejoren continuamente, en la medida de lo razonablemente posible, la seguridad de sus instalaciones nucleares".
En este caso y a la vista de los resultados de seguridad efectuados tras el accidente de Fukushima, están tasadas en un informe europeo y están claras las condiciones que debería cumplir la central para entrar de nuevo en funcionamiento.
