SEO/BirdLife recomienda al Gobierno que intente cumplir lo antes posible
MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las organizacionesn Ecologistas en Acción y SEO/BirdLife consideran que la denuncia que la Comisión Europea ha presentado este jueves contra España por los vertederos ilegales existentes era "previsible" ante "inaceptable" gestión y tratamiento de residuos así como por los reiterados incumplimientos con los que la UE está teniendo "mucha paciencia".
Así, Ecologistas en Acción cree que el Gobierno tendrá que responder ante la Justicia Europea por su "reiterada vulneración de la legislación de residuos" por los veintiocho vertederos ilegales que siguen en funcionamiento en España.
Además, esta organización, que forma parte de la plataforma Retorna, recuerda que ha denunciado la situación en repetidas ocasiones, como en el informe 'Un yacimiento en la basura', en el que denunciaba que el vertido de residuos urbanos sigue siendo la opción "mayoritaria" en la gestión, lo que genera un "grave impacto ambiental" y supone un "despilfarro de sustancias valiosas" y una vulneración de la normativa comunitaria.
A este respecto, recuerda que la Directiva Europea de vertido de residuos tenía hace cinco años el plazo final para cesar las operaciones de vertederos para prevenir sus efectos negativos para la salud humana, el agua, el suelo y el aire.
"No hay voluntad de enmendar la situación si se tiene en cuenta la propuesta de Real Decreto sobre traslado de residuos. Se continuará permitiendo el dumping ambiental, es decir, el tráfico de residuos dentro del territorio nacional en pos de tratamiento más barato y con peores resultados: el vertedero, La jerarquía en la gestión de residuos (prevención, reutilización, reciclado, valorización energética, vertido) debiera ser no solo un principio inspirador, sino un criterio para no autorizar traslado de residuos cuando éste suponga un menor rigor en su tratamiento", ha manifestado Ecologistas en Acción en un comunicado.
Por ello, reclama el cumplimiento "urgente" de la legislación y la revisión del Plan Nacional Integrado de Residuos para salir del furgón de cola en esta cuestión.
CUESTIÓN DE PACIENCIA
Mientras, en declaraciones a Europa Press, el director de conservación de SEO/BirdLife, Juan Carlos Atienza, ha manifestado que la denuncia de la Comisión Europea evidencia que España lleva un gran retraso en este asunto y estima que la Unión Europea "está teniendo mucha paciencia" tanto en este tema como con la situación de la depuración de las aguas.
"El Gobierno no puede seguir poniendo como excusa la crisis económica. La denuncia era de esperar", ha apostillado, al tiempo que ha explicado que ahora la denuncia seguirá su proceso en el Tribunal de Luxemburgo, que puede tardar unos dos años en dictaminar y dictar sentencia. Sobre el fallo "independientemente de si España cumpliese, el tribunal va a sentenciar de todas formas y, en este caso, es evidente que en contra de España".
Por ello, ha recomendado a España que "intente cumplir lo antes posible" para que tras la sentencia no haya otras multas cohercitivas. "España tiene que ponerse manos a la obra", ha insistido.
En este contexto, Atienza ha destacado otras denuncias interpuestas este jueves por la Comisión Europea a España, como la del tren de alta velocidad a Almería, que atraviesa las campiñas de Sevilla. "Clama al cielo, porque esto mismo, por lo que se va a llevar a España ante el Tribunal de Luxemburgo, podría hacerse con un gran número de grandes obras que se han hecho en el país", ha valorado.
Para el responsable de SEO/BirdLife, el origen está en el PEIT de tiempos del PSOE que no evaluó el impacto ambiental sobre la Red Natura 2000 y, en segundo lugar porque las evaluaciones de impacto ambiental, a su juicio, no identifican bien los impactos "porque no interesa" y porque las medidas compensatorias que se aplican a los impactos son "de risa", si se comparan con las de otros países como Alemania.
Finalmente, ha lamentado que estos errores se reiteran en el PITVI del Gobierno actual que incluye nuevamente obras como la carretera entre Toledo, Ciudad Real y Córdoba, que tiene una evaluación de impacto ambiental negativa por sus efectos en la Red Natura 2000.
"Es terrible la falta de previsión y los contínuos incumplimientos que siempre tienen que terminar el tribunal de Luxemburgo, donde España es el país de la Unión Europea con más denuncias ambientales y sentencias en contra en los últimos años", ha lamentado.
