MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Greenpeace ha acusado a las administraciones de "dejadez" y "absoluta desidia" a la hora de evitar la entrada de madera de origen ilegal en España y advierten de que su inacción favorece la sensación de impunidad en el sector de importadores de productos forestales.
Así, en un informe publicado por Greenpeace este viernes, recuerda que la normativa europea de madera entró en vigor hace cinco años, pero acusa a las autoridades de "inacción" contra la tala ilegal que, según Greenpeace, amenaza la supervivencia y bienestar de las poblaciones indígenas, favorece la degradación de los bosques, la pérdida de biodiversidad y agrava el cambio climático.
A nivel global, la Organización de Naciones Unidas estima que el 30 por ciento de la madera que se comercializa en todo el mundo es de origen ilegal.
El estudio de la ONG analiza y evalúa la aplicación en España del Reglamento europeo de la madera o EUTR (European Union Timber Regulation), norma que están obligados a cumplir todos los países miembro para frenar este problema y concluye que las administraciones públicas españolas han mostrado una "absoluta desidia" a la hora de aplicarlo, lo que ha contribuido a que "reine la impunidad en el sector de importadores de productos forestales".
La normativa obliga a las empresas a comercializar productos forestales para evitar la entrada en la Unión Europea procedente de talas ilegales.
El responsable de la campaña de bosques de Greenpeace, Miguel Ángel Soto, ha lamentado la "dolorosa constatación" de que los responsables políticos "han decidido no asumir su responsabilidad" en la lucha contra la tala ilegal.
"Greenpeace ha constatado la tendencia desde las administraciones públicas a minimizar el problema de la tala ilegal, cuando no a negar directamente su existencia", ha denunciado.
Según el Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), la tala ilegal en 2017 fue el primer delito medioambiental a escala global. Solo en 2016 movió de 50.700 y 152.000 millones de dólares estadounidenses frente a los 30.000 y 100.000 millones estimados en 2014.
Además, supone entre el 50 y el 90 por ciento del conjunto de actividades forestales en zonas forestales tropicales que son productoras clave. El 30 por ciento de la madera que se comercializa en el mundo es de origen ilegal.
En este contexto, la ONG denuncia que las administraciones competentes en aplicar el reglamento se han inhibido frente a las denuncias presentadas por Greenpeace desde mayo de 2014, un año después de la entrada en vigor de la normativa, contra la participación de empresas españolas en operaciones de importación de madera de empresas vinculadas a talas ilegales en Brasil, Camerún y República Democrática del Congo.
"Hay una grave política de silencio por parte de las autoridades competentes", denuncia la ONG en su estudio. El único dato que celebra la ONG es la decisión de la Generalitat de Cataluña de adoptar medidas correctoras a una empresa importadora de madera de teca de Birmania.
"Ante el bajo carácter ejemplarizante de la única medida tomada hasta la fecha por incumplimiento de las obligaciones del Reglamento EUTR, debemos concluir que comerciar con madera sospechosa de origen ilegal en el estado español sale barato", ha criticado Soto.
Finalmente, Soto advierte de que a este ritmo, las multas y la incautación de madera prevista en el régimen sancionador de la Ley de Montes tardará en ser aplicada "si es que llega a ser aplicadas alguna vez".
