BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha reconocido este miércoles ante el juez haber utilizado expresiones "inadecuadas" para referirse a los gitanos rumanos de la ciudad, pero ha reiterado que los problemas que según él causan son datos objetivos.
Lo ha dicho durante el interrogatorio al que le ha sometido el fiscal y la acusación popular que representa SOS Racisme, durante en el juicio en que se enfrenta a un año de cárcel por un presunto delito de provocación al odio y a la discriminación, al repartir panfletos que vinculaban los problemas de seguridad con este colectivo y al hacer declaraciones posteriores al respecto en medios de comunicación.
Entre otras declaraciones a los medios en semanas posteriores al reparto del folleto, García Albiol había dicho: 'El colectivo rumano se ha instalado en nuestra ciudad a delinquir y a robar'.
"Puede no haber sido adecuada, pero eso no quita el valor total", ha asegurado este miércoles sobre esta expresión, en un tenso interrogatorio del fiscal de Barcelona para delitos de odio y discriminación, Miguel Ángel Aguilar.
En cambio, sobre otras frases de las que se le acusa, como 'Los rumanos son una plaga y son una lacra para la ciudad', ha asegurado que no recuerda haberla dicho: "Yo ese vocabulario no lo utilizado y no lo reconozco".
Ha insistido en que los gitanos rumanos, que son el 0,4% de la población de Badalona, son responsables del 25% de los delitos, aunque ha reconocido que en ese momento no era alcalde, por lo que no tenía datos oficiales.
Sobre los panfletos, ha reiterado que con ellos "no hay ninguna intención de menospreciar a nadie", y ha justificado que el díptico incluyera una foto con el mensaje 'no queremos rumanos' --entre otras imágenes-- porque hacen referencia a problemáticas concretas y las hicieron llegar los vecinos.
"Hay un problema de integración con esa comunidad. No lo digo yo, lo dicen los expertos", ha dicho el alcalde, que se ha extendido en sus respuestas hasta el punto de que el fiscal ha protestado ante el titular del Juzgado Penal 18 de Barcelona porque no le estaba respondiendo a lo que le preguntaba.
Albiol ha explicado que se editaron 15.000 ejemplares del panfleto que se comenzaron a repartir el 24 de abril de 2010 junto a la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, en el mercadillo del barrio de la Salut, pero que sólo se distribuyeron de 800 a 1.000 porque se generó "un debate que se desenfoca del tema original y se centra en la violencia, cuando esta no era la intención".
Según él, la decisión de parar la distribución la tomó él con a sus compañeros del partido en Badalona y el PP de Cataluña, y --a preguntas del fiscal-- ha negado que tuviera instrucciones de la sede central del partido en Madrid para detener el reparto.
Según él, el único objetivo del folleto era explicar sus alternativas políticas y "poner encima de la mesa un debate político".
TENSO INTERROGATORIO
El juicio celebrado este miércoles en la Ciudad de la Justicia ha registrado momentos de tensión entre el juez y el fiscal y la acusación popular: "Esto no es un debate, es un juicio: haga usted preguntas", ha dicho el magistrado al representante del Ministerio Público.
El juez también ha admitido que el acusado pudiera decir que es partidario de que los gitanos rumanos que cometan delitos puedan ser expulsados: "No pasa nada porque esta persona diga que se deberían expulsar", ha dicho el magistrado.
El abogado defensor, Cristóbal Martell, ha rechazado hacerle preguntas, y el fiscal --en sus conclusiones basándose en la legislación internacional-- ha insistido en que "ser político no da patente de corso".
"En ningún modo estamos juzgando ideas políticas ni un partido. Sólo la difusión de un folleto unido a una serie de manifestaciones que amplificaron y dieron sentido al folleto", ha explicado Miguel Ángel Aguilar.
