El sector de la discapacidad pone como ejemplo la ley holandesa, que fija el mismo plazo de aborto libre para todos los casos, 24 semanas
MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez Bueno, recuerda al Gobierno que aunque decida retirar su anteproyecto de ley de Protección del Concebido tendrá que modificar la vigente ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo porque, de acuerdo con Naciones Unidas, es discriminatoria.
"La opción de cambiar o no de ley es una opción política sobre la que no nos pronunciamos, pero existe una ley de 2010 que según dijo en 2011 el Comité de Derechos de Naciones Unidas tiene algún aspecto discriminatorio porque hace una diferenciación de plazos en función de elementos fácticos que son discapacidad", señala, para incidir en que tarde o temprano habría que reformarla.
Pérez Bueno se refiere a que la legislación actual, que contempla el aborto libre en las primeras 14 semanas de gestación, permite hacerlo hasta la semana 22 "siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto" y en cualquier momento de la gestación si lo que se detectan son "anomalías fetales incompatibles con la vida" o "una enfermedad extremadamente grave e incurable" en el no nacido.
Este aspecto motivó una recomendación a España del Comité de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011, esperando que modificase la ley de forma que no se estableciesen plazos más elevados para los gestados que padeciesen algún mal discapacitante.
De hecho, este ha sido uno de los argumentos más repetidos por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para defender la necesidad de una reforma legislativa. El anteproyecto que presentó en el mes de diciembre, devolvía el aborto al Código Penal creando un sistema de supuestos que no contemplaba problemas en el feto como causa legal para interrumpir el embarazo salvo que su existencia implicase un daño psicológico en la madre.
Para el presidente del CERMI, lo importante es que si el Gobierno finalmente se decide a legislar "porque tiene un compromiso electoral", lo haga "recogiendo el mandato de la Convención y esa recomendación concreta", es decir, "que lo que se legisle no contenga aspectos discriminatorios por razón de discapacidad, que nada de cuestión eugenésica sea recogido en la norma".
UN PLAZO AMPLIO IGUAL PARA TODOS
Por el contrario, si finalmente no presenta una nueva nueva ley, "seguirá pendiente" adaptar la actual a lo que, en palabras de Pérez Bueno, "no es sólo una opinión del sector de la discapacidad, sino una recomendación refrendada por el sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas", una institución "que no entra en si debe o no haber aborto, pero que dice que si se regula, no se deben incluir elementos de eugenesia o discriminación".
Para Pérez Bueno, la ley del aborto vigente en España desde 1985 era "mucho más discriminatoria que la de 2010", pero en ésta, al fijar un sistema mixto de plazos e indicaciones se mantuvieron "algunos vestigios" de esa mentalidad que a su juicio, debieran haberse eliminado para introducir un sistema que afectase a todos los ciudadanos por igual.
En este sentido, el CERMI, que realizó para la aprobación de la legislación en vigor todo un estudio de derecho comparado en materia de interrupción del embarazo, pone como ejemplo la regulación de Holanda, que establece como criterio general 24 semanas de gestación de límite para abortar.
"Ni establece distinciones ni obliga a los progenitores a alegar ningún tipo de causa, dando un tratamiento idéntico a todas las situaciones que se reducen así a una: la voluntad de practicae el aborto. Nosotros lo que decimos es que si se apuesta por un sistema de plazos, no haya una diferenciación, porque es discriminatorio con la discapacidad, y se de la misma respuesta a todas las situaciones", explica.
