MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional y la Plataforma del Tercer Sector han denunciado que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza' y la reforma del Código Penal "criminaliza la pobreza de forma clara", conculca derechos, restringe libertades y aleja a España de los estándares internacionales de Derechos Humanos", una crítica que el diputado del PP Francisco Márquez cree que tiene "mucha carga de prejuicio, mucha carga de ideología y poco argumento serio".
Así se ha puesto de manifiesto en un debate organizado por Servimedia en el que han participado junto a Márquez el titular del Juzgado de Instrucción nº 36 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña; el diputado socialista Antonio Trevín; Fernando Lambea, del área de seguridad y justicia del Defensor del Pueblo; Sonia Olea Ferreras, del equipo de incidencia de Cáritas y miembro de la Plataforma del Tercer Sector; y la responsable de Política Interior de Amnistía Internacional, Virginia Álvarez.
Según ha afirmado Márquez, los críticos parten de la "presunción de que en los procedimientos sancionadores se va a acabar aplicando en un grado extremo" la multa prevista "sin sentido común". "Estáis poniendo delante un cristal determinado para que la ley diga lo que creéis que dice", ha contestado a quienes en la misma mesa, han afirmado que la regulación conculca derechos fundamentales y se aleja de los estándares internacionales de Derechos Humanos.
Para el diputado 'popular', que instituciones internacionales como distintos relatores de Naciones Unidas o el responsable de Derechos Humanos en el Consejo de Europa hayan expresado su preocupación por la restricción de derechos que podría suponer la nueva ley, tiene que ver con que se están anticipando a su posible aplicación en lugar de juzgar directamente lo que dice su articulado.
"Yo no he leído ningún informe oficial que descalifica la ley. Están pensando en su aplicación futura, pero no en el texto. Las críticas son legítimas, lo cual no tiene por qué significar que sean ciertas, pero se basan en la posible futura aplicación, no en el contenido de la ley", ha argumentado. En todo caso, en su opinión, "pensar en que es una regresión es incorrecto" porque, ha asegurado, "esta ley amplía derechos".
"LA LEY CRIMINALIZA LA POBREZA"
Las representantes de Cáritas y Amnistía Internacional dicen que nada más lejos de la realidad. "Tanto la Ley de Seguridad Ciudadana como la reforma del Código Penal se alejan de los estándares internacionales de Derechos Humanos y no lo dice Amnistía Internacional, lo dice el Consejo de Europa y varios relatores de Naciones Unidas y además, se dan en un momento en que la gente ha salido masivamente a la calle contra los recortes en derechos que ha aplicado el Gobierno con la excusa de la crisis económica", ha planteado Virginia Álvarez.
La experta de Amnistía afirma que la ley "busca la desmovilización ciudadana" como a su juicio prueba que se haya pasado de 27 sanciones a 47 con un "aumento enorme de las faltas graves", especialmente en lo relativo a la manifestación, pero también en el derecho a la información, con la posibilidad de sancionar a quien grabe y difunda imágenes que "pongan en peligro el éxito de una operación policial". "Está buscando la autocensura", ha asegurado.
Denuncia asimismo la ampliación de poderes de la policía, cuyos agentes tienen presunción de veracidad a la hora de determinar las sanciones, o la creación del Registro Central de Infractores, lo que "busca desmovilizar a los activistas" por el peso de figurar allí inscritos como reincidentes de cara a futuras sanciones. "La redacción tiene tanta ambigüedad que no se sabe cómo se va a aplicar", ha añadido.
Sonia Olea, de Cáritas, tras aclarar que su "única ideología" al examinar como jurista una ley es estar de parte de "las personas en situación de vulnerabilidad, en riesgo de pobreza o exclusión", ha segurado que la ley "criminaliza la pobreza de forma clara", un concepto "relativamente nuevo en España" que ya es conocido, conforme ha explicado, en países como Hungría. Teme que se esté siguiendo ese camino.
En este sentido, ha destacado que multa con hasta 30.000 euros a personas con adicciones que están en tratamiento, a prostitutas o víctimas de trata que no cambian de ubicación a instancias de un policía, y con hasta 600 euros a personas sin techo por "deslucir el mobiliario urbano". Además, ha añadido, permite "identificaciones discriminatorias en la vía pública" e incluso "que te quiten la ropa" para un cacheo "en plena calle".
El diputado del PSOE Antonio Trevín, cuyo partido ha recurrido al Constitucional gran parte de la ley, comparte esta perspectiva. Añade que se trata de una norma "innecesaria, justificada en disculpas inexistentes" que "esquiva las leyes internacionales y la Constitución" y pretende volver "a la idea franquista del orden público".
"DESPROPORCIÓN" E "INCERTIDUMBRES"
Trevín se ha centrado en la "erosión de la imagen de la Policía y Guardia Civil" que provocará, en el impacto que va a tener en el derecho a la huelga, en la "desproporción punitiva" y en la ausencia de control judicial previo en la imposición de sanciones, ya que es la delegación del Gobierno a instancias de la policía quien multa y para poder reclamar a un juez, hay primero que pagarla. "Quiere prescindir de los jueces, cuya opinión suele siempre ser más favorable al derecho de ciudadanía", ha asegurado.
El representante del Defensor del Pueblo ha añadido en este sentido que en las delegaciones del Gobierno, cuando se tramitan sanciones "hay incertidumbres que esta ley mantiene o incrementa" como a la hora de determinar, por ejemplo, quién es el "promotor" de una manifestación. "En la práctica del derecho sancionador hay que hacer una ponderación, una valoración que no se realiza y que en la aplicación de sanciones acaba con una falta de motivación e incluso de rigor en la tramitación", ha advertido.
El juez Juan Antonio Toro, por su parte, defiende la nueva ley. Considera que es necesaria, que no vulnera la tutela judicial efectiva porque permite al ciudadano "hacer alegaciones" antes de iniciarse el procedimiento y durante el mismo, si se cumplen una serie de requisitos, y respeta la posibilidad de recurrir ante el juez en caso de desacuerdo.
