El Consultivo rechaza la indemnización solicitada por una docente que se negó a usar mascarilla en un colegio de Almería

ALMERÍA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Consultivo de Andalucía (CCA) ha rechazado la reclamación de indemnización de 250.000 euros presentada por una funcionaria que acusó a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de acoso moral después de que se abriese un expediente disciplinario al negarse a utilizar la mascarilla durante la pandemia de Covid-19 en un centro educativo de Almería.

La resolución, consultada por Europa Press, expone que el expediente disciplinario "tenía una base suficiente" y sostiene que el daño alegado "no es antijurídico", lo que significa que la Administración actuó dentro de la legalidad y que la funcionaria estaba obligada a soportarlo.

En consecuencia, el dictamen emitido el 21 de octubre de 2025 señala que no procede indemnización, ya que no se ha acreditado que la actuación administrativa "fuese arbitraria" ni que la supuesta situación constituya acoso moral.

El documento relata que la profesora aportó un informe médico que desaconsejaba el uso de mascarilla por episodios vasovagales y estrés, lo que motivó que fuese destinada provisionalmente a la biblioteca, donde podía realizar tareas sin la protección.

La dirección remitió la documentación al Centro de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo informe determinó la obligación de utilizarla en determinados términos. La funcionaria volvió a negarse y causó sucesivas bajas médicas.

El CCA señala que la mascarilla solo fue utilizada por la docente durante un día y medio, antes de causar una nueva baja, y recuerda que desde abril de 2022 dejó de ser obligatoria en los centros educativos. A juicio del órgano consultivo, esto dificulta sostener que las bajas posteriores estén relacionadas con acoso moral derivado de su uso.

El dictamen argumenta que la apertura del expediente disciplinario responde al ejercicio de la potestad organizativa de la Administración y "no puede originar un daño que el personal no esté obligado a soportar", al existir motivos suficientes para iniciarlo, pese a que finalmente fuese archivado.

El Consultivo rechaza así la reclamación de indemnización por el uso obligatorio de mascarillas en el ámbito educativo y concluye que no concurren los requisitos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Junta de Andalucía.