SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el contrato de gestión que recoge el programa y los objetivos de la Agencia Tributaria de Andalucía para el periodo 2010-2012. La decisión supone el inicio efectivo del funcionamiento de este organismo, que entró ayer en servicio con los objetivos generales de gestionar los ingresos tributarios de la comunidad, agilizar el pago de los impuestos, mejorar la capacidad de recaudación y reforzar la lucha contra el fraude fiscal.

El contrato de gestión, que se desarrollará a través de planes anuales de actuación para cada ejercicio, establece las líneas de actuación para los próximos tres años en los ámbitos de la gestión, liquidación, recaudación e inspección de los impuestos propios y de los estatales cedidos totalmente a la comunidad autónoma (ecológicos, sucesiones y Donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y tasa fiscal sobre el juego); el ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria, y la recaudación en vía ejecutiva de todos los ingresos de derecho público.

En el documento se definen tanto los objetivos en cada uno de estas áreas como los resultados que se pretenden y los indicadores para su evaluación. Las prioridades fijadas se dirigen fundamentalmente a avanzar en la eficacia y eficiencia en la aplicación de los recursos, luchar en condiciones óptimas contra el fraude fiscal, desarrollar planes anuales de control tributario y mejorar el servicio al contribuyente ahorrándole burocracia y facilitándole la mayor comodidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

La Agencia Tributaria de Andalucía, presidida por el viceconsejero de Economía y Hacienda, José de Haro Bailón, cuenta con más de 800 empleados y una estructura administrativa de servicios centrales y territoriales. Los primeros, con sede en Sevilla, están integrados por los departamentos de Organización y Gestión de Recursos, Aplicación de Tributos e Innovación Tecnológica y Análisis de la Información.

Los segundos se encargan a las denominadas Coordinaciones Territoriales en cada una de las provincias, donde los delegados de Economía y Hacienda ostentan la representación ordinaria del organismo.