SEVILLA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Federación de Asociaciones del Comercio Ambulante y Autónomos (Fadacaya), Antonio Maya, destacó hoy que la principal conclusión que se extrae del acuerdo cerrado el pasado lunes entre el Grupo Parlamentario Socialista y diferentes representantes del colectivo de la venta ambulante es que "se ha conseguido frenar el impacto negativo en el comercio ambulante de la transposición de la directiva europea, en la legislación andaluza".

En un comunicado, UPTA-Fadacaya.ACA-AVAC-UVACO quieren trasladar al colectivo de vendedores ambulantes que "hay quienes están mal informando y persiguen intereses políticos y económicos algo oscuros".

Asimismo, agradecieron el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla y de Córdoba en las negociaciones con la Junta y advirtieron de que estas entidades no han convocado la manifestación del día 25, por considerar que "antes de arrastrar al miedo a un colectivo tan machacado por la crisis y la climatología se debe negociar con la administración andaluza". De manera que indicaron que "se ha negociado y se ha conseguido que las licencias sean prorrogadas y transmisibles".

En este sentido, se acuerda expresamente que las licencias serán prorrogadas, "con el fin de garantizar a los titulares de la autorización la amortización de las inversiones y una remuneración equitativa de los capitales invertidos". Asimismo, el texto que será modificado mediante enmienda parlamentaria establece que esas autorizaciones serán transmisibles, sin que esa transmisión afecte a su periodo de vigencia.

De esta forma, tal y como coinciden en indicar tanto el Grupo Parlamentario Socialista como los representantes del sector, las demandas y peticiones planteadas por el colectivo de vendedores ambulantes han sido "atendidas y todo ello en un clima de buena disposición, diálogo y entendimiento entre el colectivo afectado y la Junta de Andalucía, los cuales han mantenido diversas reuniones hasta llegar a esta solución de consenso".

En el mismo sentido, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) está elaborando una propuesta de Ordenanza reguladora de la actividad que incluya los criterios para la concesión de las autorizaciones. "Unos criterios que, respetando el derecho de libre establecimiento y de libre prestación de servicios, también incluirá objetivos de política social".