SEVILLA, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de las comunidades autónomas de Galicia y Cantabria se han personado en la denuncia presentada por la patronal sevillana de la construcción, Gaesco, que presentó ante la sala tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso administrativo donde pide la nulidad de ciertos artículos del real decreto sobre el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, donde se suprimen las ayudas a los compradores de vivienda protegida.

Según han indicado a Europa Press fuentes de Gaesco, la patronal sevillana ha tenido conocimiento de dicha personación cuando han ido a formalizar el escrito de demanda, por lo que todos los pasos se deberán notificar tanto al abogado del Estado como a estas dos comunidades al ser partes interesadas, aunque la demanda sea contra el Estado.

Las fuentes han mostrado su "sorpresa" por dichas personaciones "que sólo se explican por criterios estrictamente políticos, pues no se entiende que haya algunas comunidades autónomas que defiendan la pérdida de ingresos y de ayudas a los promotores y las empresas, que en definitiva invierten en sus territorios".

Han recordado que las ayudas estatales directas que se suprimirían se incluyen en los planes autonómicos "por lo que resulta aún más sorprendente que en vez de alienarse con los reclamantes se pongan a favor del demandado".

Las fuentes han recordado que la demanda se presentó en febrero de 2011 y la formalización de la demanda se produjo antes de Semana Santa y en dicha denuncia se pide la nulidad del decreto y la anulación de las modificaciones del plan y el mantenimiento de las ayudas.

Han precisado que las dos comunidades autónomas deberán ahora presentar sus escritos y alegaciones y han agregado que Gaesco ha propuesto que esta denuncia se resuelva "sin la fase de prueba", ya que "afecta a aspectos relativos al interés general, pues si se declara la nulidad, ello afectará a muchísimos planes".

Los empresarios son optimistas y confían en que la resolución "pueda llegar pronto, deseamos que sea antes de final de año".

DEMANDAS

En su denuncia, Gaesco plantea, por un lado que "se establezca que el Plan Estatal no puede modificarse hasta que no haya agotado su vigencia, pues se había modificado al final del segundo año, y son cuatro". Además, considera que "no se puede alterar alegremente su contenido y hay que justificar el criterio y el sentido de esas modificaciones".

Asimismo, lamentan que el Estado "modifica algunos aspectos en sentido contrario a lo que el Plan habilita", de forma que "el Plan de Vivienda debe ser anticíclico mientras que los cambios que se han hecho son procíclicos".

"Ahora es más difícil acceder a una vivienda al suprimir incentivos y ayudas", han agregado las fuentes, quienes además critican en su denuncia la falta de legalidad en las formas como se ha hecho la modificación a través del decreto, pues debía existir un informe previo de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos".

Han recordado que los empresarios y promotores "han hecho una serie de inversiones contando con que iban a recibir una serie de ayudas, que ahora no recibirán".