SEVILLA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía, (Safja) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) de las agencias SAE, Agapa, Andaluza Conocimiento y Servicios Sociales y Dependencia, incluidas en la reordenación del sector público, abriendo así "un nuevo frente contra el proceso de la reordenación del sector público".

De este modo lo ha expresado el sindicato en un comunicado, en el cual informa de que ha presentado un total de cuatro recursos ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA, con sede en Granada, contra las modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo (RPT) por las que se adscriben los puestos de los funcionarios a las Agencias SAE, Agapa, Andaluza del Conocimiento y Servicios Sociales y Dependencia; que constituyen las "únicas modificaciones publicadas hasta la fecha".

Según ha explicado Safja, tales recursos versan sobre la Orden de 5 de julio de 2011 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública por la que, --en aplicación de la resolución de 20 de abril por la que se aprueba el protocolo de integración en las Agencias anteriormente mencionadas-- tanto del personal funcionario, como laboral y externo proveniente de las distintas empresas públicas se adscriben orgánica y funcionalmente a la Agencia correspondiente.

Así, tras la admisión a trámite de los recursos contra los estatutos de las Agencias y los protocolos de integración del personal de las mismas, Safja acude otra vez a los tribunales por "constituir un nuevo paso hacia delante en el proceso de la reordenación del sector público".

Safja ha aseverado que estas modificaciones de RPT tienen por objeto la "adscripción orgánica y funcional del personal funcionario, es decir, aquellas funciones que estaban atribuidas a la Consejería y Organismo Autónomo antes citado han pasado a la Agencia". Esto supone, según el sindicato, que los funcionarios que desempeñaban dichas potestades públicas, deben adicionarse de forma forzosa funcionalmente a la Agencia en cuestión.

BAJO CRITERIOS DEL DERECHO PRIVADO

Asimismo, el sindicato ha afirmado que esta adscripción "no sólo vulnera el Estatuto Básico del Empleado Público, sino que además quebranta el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución Española, pues bajo la fórmula de gestión cuasi-pública se halla una configuración de la Función Pública bajo criterios de Derecho Privado".

"Todo ello, máxime cuando los funcionarios que deban ejercer forzosamente las potestades públicas delegadas o cedidas a las Agencias, estarán bajo el poder de dirección de personal directivo de naturaleza laboral y cuyo nombramiento no responde a criterios de mérito, experiencia, especial cualificación y libre concurrencia, sino de estricta confianza política", ha señalado.

En otro orden de cosas, Safja ha tenido conocimiento de la orden de 25 de julio de 2011, por la que se ordena la práctica de actuación inspectora extraordinaria a la Inspección General de Servicios. A ésta y a la Consejería de Hacienda y Administración Pública exige Safja que "se cumpla lo dispuesto en la mencionada orden e informe al sindicato de las actuaciones realizadas al respecto".