Huelva.- La CEA asegura que el POT traerá "problemas económicos" para la provincia porque "ahogará" al sector turístico

HUELVA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, su homólogo en la Federación Onubense de Empresarios (FOE), Antonio Ponce, y el titular de la Comisión de Infraestructura y Ordenación del Territorio de la FOE, Rafael Morales, aseguraron hoy que el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Litoral Occidental de Huelva traerá "graves problemas económicos para la provincia".

En un comunicado remitido a Europa Press por la FOE, los empresarios alertaron a la consejera de Obras Públicas y Urbanismo de la Junta de Andalucía, Concepción Gutiérrez, de los problemas que para el sector turístico, y por ende, para la economía provincial, traerá aparejado el POT aprobado en el día de ayer por la Comisión Regional de Urbanismo, del que destacaron el "nulo consenso" conseguido entorno al mismo.

Horas antes de ser aprobado el Plan de Ordenación Del Territorio de la Costa Occidental, Santiago Herrero, junto a Antonio Ponce y Rafael Morales, advertían, de nuevo, a la consejera sobre el "más que previsible ahogamiento" del sector turístico en la provincia de Huelva.

Esta conclusión se desprende de las alegaciones presentadas por la FOE a través de la Comisión de Infraestructura, cuyas últimas incorporaciones han sido entregadas a la responsable del urbanismo de nuestra región.

Entre dichas alegaciones, se ha incidido en dos cuestiones que han venido siendo el "caballo de batalla" de los representantes empresariales, como son el ratio establecido entre plaza hotelera y turística y la simultaneidad en la construcción, aspectos ambos que llevarán aparejada una situación "del todo insostenible".

Por otro lado, el sector empresarial se ha reafirmado en que se trata de un documento "que no favorecerá el desarrollo turístico y que no ha contado con el consenso necesario como se ha puesto de relieve en la Comisión Regional de Urbanismo, donde los principales agentes sociales, tales como Federación de Municipios y Provincias, sindicatos o empresarios han votado en contra del documento y otros se han abstenido".