FUENTEHERIDOS (HUELVA), 10 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Fuenteheridos (Huelva), José Luis Pérez Tapias, se enfrenta hoy a una petición de una indemnización de 18.000 euros en un juicio por la vía civil por una demanda intromisión contra el honor presentada por el estudio de arquitectos Arquiclave y tres de sus cuatro miembros ----José Alvarez Checa, Gonzalo Delgado y Tomás Curbelo--.
Este juicio se celebra después de que en el acto de conciliación previo entre el estudio Arquiclave y el portavoz de IU, celebrado en el pasado mes de noviembre, no se alcanzase ningún acuerdo sobre unos hechos que se remontan a septiembre de 2004, cuando el alcalde por entonces, José Antonio Cortés (PSOE), suscribió un convenio con Arquiclave, del que el portavoz de IU denunció una presunta "trama urbanística con la recalificación de terrenos rústicos", según informó a Europa Press Pérez Tapias.
Según relató Pérez Tapias, tras la marcha de Cortés como alcalde de Fuenteheridos, el nuevo alcalde, Martín Martín (PSOE), denegó la licencia en diciembre de 2004 "a pesar del acuerdo contraído y de que la empresa de arquitectos ya había pagado al Consistorio las compensaciones", lo que provocó que Arquiclave presentara un nuevo proyecto, pero "sólo para la zona urbana de los terrenos que se le iban a ceder y no vinculado al convenio inicial", con lo que consideró que "el nuevo alcalde nos dio la razón en nuestras denuncias", ya que IU mantiene un Contencioso-Administrativo, de forma paralela, contra el primer convenio.
En este sentido, el ex alcalde de Fuenteheridos y ahora concejal del equipo de Gobierno del PSOE, José Antonio Cortés, aseguró que el nuevo alcalde de Fuenteheridos "no rechazó ese convenio, sino que fue el propio estudio Arquiclave el que lo retiró por su cuenta ante la polémica suscitada por un acuerdo que ha sido denunciado por el grupo municipal de IU".
En declaraciones a Europa Press, Cortés reconoció no entender, entonces, "cómo IU mantiene un recurso en lo Contencioso-Administrativo contra un acuerdo urbanístico que no existe porque la empresa lo retiró" y consideró que esta acción "responde a la voluntad política de este grupo de ligar este acuerdo a supuestas especulaciones urbanísticas que se ha demostrado que no existen".
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