El alcalde toma "medidas" y da órdenes a la Policía Local para que vigile los documentos de Urbanismo
HUELVA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El coordinador de IULV-CA en Huelva, Pedro Jiménez, dijo hoy temer que la localidad de Aljaraque "no sea la única Marbella" de Huelva e instó a la Justicia a que "actúe con toda la contundencia y llegue al final del todo" en el caso por el que ayer fueron detenidos el ex alcalde y el ex concejal de Urbanismo del PP en el Ayuntamiento aljaraqueño, Juan Manuel Orta y Casto Pino.
En rueda de prensa, Jiménez tachó este caso, por el que también fueron detenidos un socio del ex alcalde y la mujer de Casto Pino, de "crónica anunciada" y aseguró que "la ostentación personal que alguno de los detenidos hacía de su riqueza particular era motivo de escándalo" en un municipio "que es ejemplo de lo que no se debe hacer en materia urbanística, pues es la Marbella de Huelva".
En este sentido, quiso poner de manifiesto que "el daño que esta localidad ha sufrido desde el punto de vista urbanístico y medioambiental tiene difícil solución y en muchos casos es irreparable", por lo que exigió a la Junta de Andalucía "que no mire para otro lado, pues es la que ha permitido el urbanismo de Aljaraque".
Del mismo modo, el coordinador de IULV-CA en Huelva solicitó al PP onubense "un pronunciamiento muy claro, pues ya no vale decir que se trata de un ex alcalde", precisando que los presuntos delitos que han sido denunciados por el Juzgado de Instrucción número 3 "se llevaron a cabo desde el mandato de un gobierno dirigido por el PP", por lo que confió en que los populares "exijan que se depuren todas las responsabilidades".
Jiménez mostró la pretensión de IU de colaborar "en todo lo que esté en sus manos" con la Justicia, a la que solicitó que "actúe de oficio cuando haya indicios de presuntos pelotazos urbanísticos y que aplique toda la contundencia en posibles casos de irregularidades urbanísticas".
MODELO URBANÍSTICO DE LA COSTA.
En este punto, el dirigente provincial de IU quiso subrayar que el modelo urbanístico de localidades como Cartaya, Lepe, Isla Cristina o Ayamonte "difiere muy poco del que ha llevado a cabo en Aljaraque", por lo que volvió a pedir a la Justicia que "actúe de oficio en determinados convenios urbanísticos de dudosa legalidad en estos municipios".
"Lo que mancha el nombre de un pueblo no es que se ponga a disposición judicial a determinadas personas por presuntos delitos urbanísticos, sino permitir irregularidades sin control y actuando cuando ya es demasiado tarde", según prosiguió Jiménez, quien señaló que "la responsabilidad no la tienen los ciudadanos sino que tiene nombres y apellidos --en referencia a las personas detenidas--".
Por su parte, el diputado provincial, primer teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Aljaraque y concejal de Urbanismo, Rafael Sánchez Rufo, manifestó la "profunda tristeza" por este caso y lamentó que el nombre de la localidad "forme parte de la actualidad informativa por estos hechos", aunque quiso reseñar que "lo que se pone en cuestión no es la honorabilidad ni la credibilidad del pueblo sino de las personas detenidas".
Tras abogar por respetar la presunción de inocencia de los presuntos implicados, Sánchez Rufo instó a la Justicia a que "llegue al final y depure responsabilidades hasta las últimas consecuencias" por el hecho de que en la localidad "se han llevado a cabo políticas urbanísticas absolutamente oscurantistas que han tenido resultados negativos sobre la gestión actual del Ayuntamiento". "Es el momento de cambiar las prioridades y apostar por la sostenibilidad y porque el urbanismo deje de ser una herramienta de pelotazo", insistió.
Así, quien quiso mandar a la ciudadanía un mensaje "de tranquilidad" y anunció que el Ayuntamiento ha dado órdenes a la Policía Local para que vigile los documentos archivados en el área de Urbanismo, argumentando que esta medida tiene como objetivo "garantizar la mejor custodia de los documentos oficiales y evitar su pérdida".
