HUELVA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Cristóbal Picón, ha condenado este miércoles el ataque a un guarda fluvial adscrito a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, en Lucena del Puerto, el pasado viernes en el ejercicio de sus funciones de inspección y cierre de pozos ilegales del municipio.
En declaraciones a los periodistas en el Foro Iberoamericano de Huelva, tras asistir a la inauguración de las jornadas de AgroBank sobre innovación en el sector agrario onubense, Picón ha precisado que este tipo de acciones "enturbia y empeora" el trabajo realizado por la plataforma.
"La plataforma condena cualquier acto que se salga del margen legal y que no haya sido convocado por la plataforma", ha dejado claro el presidente de la misma, quien lo denuncia y lo condena, ya que "hay negociaciones encima de la mesa para arreglar las cosas y con estos actos se cargan el trabajo de la plataforma y la credibilidad de los agricultores".
"Hay unas personas que están trabajando en la plataforma por el bien de todos y este tipo de actos nos perjudica en vez de beneficiarnos", ha señalado Cristóbal Picón.
Por último, ha lanzado un mensaje de calma a los agricultores, aunque entiende las tensiones que han podido provocar "el retraso de las plantaciones y la tardanza de las transferencia de los 15 hm3", pero ha incidido en que esta situación "no justifica este tipo de actos".
Precisamente, sobre el trasvase, ha lamentado que PP y Cs hayan pedido por tercera vez una prórroga para presentar enmiendas a la transferencia de 15 hm3 al Condado. A su juicio, "sólo se trata de intereses políticos" y ha dejado claro que "el agricultor, el ciudadano, debe estar siempre por encima del interés político, de la lucha entre partidos políticos".
El trasvase podría estar aprobado en los meses de diciembre o enero "si no se presentan más emplazamientos", por lo que espera que "no se vuelva a repetir esta situación", ya que supondría "acabar con esta agonía y garantizar el futuro del Condado y del Parque Natural de Doñana".
