BAENA (CÓRDOBA), 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción único de Baena (Córdoba), tras haber concluido ya las pruebas testificales realizadas a petición de la acusación popular, habrá de resolver ahora, salvo que estime preciso realizar más diligencias, sobre el archivo del caso del urbanismo, que en realidad ya dictó en julio de 2009.
Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, en el juzgado baenense ya han prestado declaración, en calidad de testigos, varios técnicos municipales y vecinos de la localidad, además de la actual edil de Urbanismo María Jesús Serrano (PSOE), y el ex concejal socialista Alberto Sánchez, uno de los imputados en este procedimiento, cuya instrucción inició el juzgado baenense tras la denuncia presentada, en julio de 2007, por el ex alcalde comunista de Baena y promotor, Carlos Arenas, por su esposa y actual concejala de IU, María Jesús Muñoz, y por el ex vigilante de obras Manuel Luque.
Las declaraciones de éstos y otros testigos, en el procedimiento que sigue el Juzgado de Baena para motivar el auto de archivo que ya dictó en 2009 el propio juzgado en este caso, han venido a corroborar lo que recoge la documentación ya aportada, durante la instrucción inicial, por el Ayuntamiento baenense.
A este respecto, fuentes de la defensa ya explicaron anteriormente a Europa Press que estas nuevas diligencias se han practicado "antes de que se confirme el archivo, puesto que no se ha abierto causa nueva". Por eso, "sorprende que el abogado de la concejala de IU (que ejerce la acusación popular) solicitara todas estas testificaciones" en el último momento, "cuando lo pudieron haber hecho durante la instrucción, pero no lo hicieron entonces, ni lo hicieron en su recurso del auto de archivo", de modo que la conclusión es que con las nuevas pruebas testificales, ya practicadas, solo buscaban "dilatar en el tiempo la resolución definitiva de las causas que se siguen contra el Ayuntamiento".
Desde la defensa se recordó también la postura que ha venido adoptando la Fiscalía en este caso, pues, "tras el auto de archivo, el Ministerio Fiscal se ha pronunciado hasta en dos ocasiones a favor del cierre de la causa: lo hizo en septiembre de 2009 en respuesta al recurso de apelación y, por segunda vez, mediante informe del 7 de julio de 2010, tras estudiar un informe solicitado a la Secretaría Municipal".
EL AUTO DE ARCHIVO
El Juzgado de Baena ha llevado a cabo estas nuevas actuaciones para, como le reclamó la Audiencia Provincial de Córdoba, motivar suficientemente el archivo del caso, que acordó en julio de 2009 el juzgado baenense y que fue recurrido por la acusación popular, con el resultado indicado.
En el auto de archivo, que ahora ha de motivar más detalladamente el juez de Baena, se justificó tal decisión alegando que "no existe indicio alguno de infracción penal en la actuación de los imputados y que pudiera ser constitutiva de los delitos" contra la ordenación del territorio, de prevaricación urbanística y de omisión del deber de perseguir delitos, que se imputa al actual concejal del Ayuntamiento de Baena, José Calvo (PSOE), y a los ex concejales socialistas Fernando Mora, Alberto Sánchez, Cristóbal Tarifa y Vicente Mejías.
En cuanto a los 17 vecinos de Baena, a los que investigó el juzgado por la presunta comisión de un delito contra la ordenación del territorio, en relación con 26 construcciones que supuestamente levantaron "en suelo rústico y en zonas de especial protección agrícola", entre los años 2002 y 2005, el juzgado entiende que "las presuntas infracciones penales", que hubieran podido cometer, "han prescrito y, por ende, se imponía el sobreseimiento y archivo de la causa", en lo que dichos vecinos afecta.
No obstante, el titular del juzgado baenense también indicó en su auto de archivo, que ahora ha de justificar, que "consta acreditado, por virtud de la documental, declaraciones de testigos y denunciantes, la existencia de una clamorosa dejadez y desidia por parte del Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Baena, tal vez, como manifiestan en su descargo los propios imputados del Área de Urbanismo, evidenciada por la falta de medios".
