Adelante pide el jueves transponer el ordenamiento europeo sobre inexpulsables para evitar su "limbo jurídico"

SEVILLA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Adelante Andalucía va a defender el jueves ante el Pleno de la Cámara autonómica una proposición no de ley (PNL) por la que pide que la Junta inste al Gobierno central la transposición al ordenamiento español de la Directiva 2008/115/CEE, en lo referente a derechos fundamentales para las personas inexpulsables, adoptando las medidas y principios contenidos en la mencionada directiva, para evitar las situaciones de "limbo jurídico" a las que se ven abocadas.

En concreto, como se expone en la iniciativa, recogida por Europa Press, se refiere a los migrantes que, habiendo sido objeto de una decisión de retorno, ésta no puede ejecutarse por motivos jurídicos, como la aplicación del principio de no devolución, suspensión por efecto del sistema de recursos; por motivos humanitarios, tales como el estado de salud; motivos técnicos que podrían ser falta de capacidad de transporte o imposibilidad de identificación; o causas de cualquier otra naturaleza.

Especialmente, Adelante solicita la articulación de la obligación de documentar por escrito a los migrantes que estén en estas situaciones, establecer la extensión de su estatuto de garantías y especificar los supuestos y requisitos en que resultaría procedente otorgarles una autorización por motivos extraordinarios en casos de situación de irregularidad prolongada.

En defensa de la iniciativa, la confluencia sostiene que en el informe del 2018 del Mecanismo Nacional de Prevención, cuya función ejerce el Defensor del Pueblo, se afirma que, según la información facilitada por la Dirección General de la Policía, durante ese año el número de detenciones de ciudadanos extranjeros por infracción de la legislación de extranjería fue de 74.244, de los cuales, 7.855 fueron internados en los distintos CIE.

Además, añade que año anterior, según el informe de ese organismo, el número de extranjeros detenidos por vulneración de las normas de extranjería fue de 46.122, de los que 8.237 fueron internados en CIE y 3.041 expulsados, un 36,91 por ciento.

El informe del 2018 también expone que ese año se incoaron 50.263 expedientes de devolución, se materializaron 7.203 y que, de los 8.286 expedientes de expulsión que se abrieron, se ejecutaron 4.181.

"Estas cifras ponen de manifiesto que existe un alto número de nacionales de terceros países que han sido objeto de una decisión de retorno que, sin embargo, por las razones que sea, no ha podido ser ejecutada", personas a las que suele calificarse como inexpulsables.

Explica que estos migrantes "se mantienen en una situación de limbo jurídico, ya que, a pesar de estar reconocido que sobre ellas ha recaído una decisión de retorno que no ha podido materializarse, tampoco se adopta ni prevé, contrariamente a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, ninguna medida tendente a regular su situación", de ahí que pida al Gobierno transponer dicho ordenamiento.