Andalucía digitaliza la gestión de residuos con un sistema que integra más de medio millón de operaciones

Archivo - La Consejería de Sostenibilidad recibe más de 45.600 consultas ciudadanas en 2025, el 97% resueltas en menos de 24 horas
Archivo - La Consejería de Sostenibilidad recibe más de 45.600 consultas ciudadanas en 2025, el 97% resueltas en menos de 24 horas - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha impulsado durante el periodo 2022/2026 una transformación del sistema de gestión de residuos mediante la digitalización de los procedimientos administrativos y el refuerzo del marco normativo e inversor que sustenta la economía circular. Este proceso ha permitido mejorar la trazabilidad de los residuos y simplificar los trámites necesarios para su gestión.

Uno de los elementos de esta transformación es el Sistema de Información de Residuos de Andalucía (SIRA). Esta herramienta responde a las exigencias establecidas por la normativa estatal y europea. Durante el periodo comprendido entre 2022 y julio de 2026 se han realizado a través de esta plataforma alrededor de 3.700.000 operaciones administrativas relacionadas con la gestión de residuos, ha destacado la Junta en una nota.

Entre las funcionalidades incorporadas a la plataforma destaca la tramitación electrónica de 16 agrupaciones de tipos de procedimientos administrativos, que permiten realizar altas, ceses y modificaciones de productores y gestores de residuos, incluidos los transportistas. Gracias a esta digitalización, las empresas pueden gestionar electrónicamente los trámites vinculados a su actividad, reduciendo tiempos de tramitación y facilitando la relación con la administración.

El desarrollo de esta plataforma ha requerido una inversión superior a cuatro millones de euros, destinada a ampliar sus funcionalidades, mejorar la capacidad de gestión de datos y garantizar la interoperabilidad con otros sistemas informáticos. La herramienta presta servicio actualmente a 11.137 gestores de residuos, 2.852 instalaciones de tratamiento o gestión y 78.416 productores de residuos que operan en Andalucía. Dentro de este ecosistema digital, el colectivo más numeroso es el de transportistas de residuos, con más de 7.500 operadores inscritos, seguido de las empresas que realizan tratamientos de residuos, negociantes, agentes y otros operadores especializados.

El volumen de actividad registrado en SIRA pone de relieve el alcance del sistema. Sólo en el ámbito de las notificaciones de traslado de residuos dentro del territorio nacional se han contabilizado más de 560.000 comunicaciones durante el periodo analizado, a lo que se suman decenas de miles de trámites relacionados con la comunicación previa de productores, modificaciones de registros o autorizaciones de instalaciones.

A este esfuerzo se sumará también la creación de una nueva plataforma digital para el control de suelos contaminados, con una inversión aproximada de un millón de euros, que mejorará el seguimiento de expedientes relacionados con la recuperación de terrenos potencialmente contaminados y con los estudios previos necesarios para la implantación de nuevas actividades industriales.

El proceso de digitalización impulsado en la legislatura se integra en una estrategia más amplia de modernización de la gestión ambiental que también se apoya en el desarrollo de nuevas herramientas normativas y organizativas para impulsar la economía circular. En este contexto, uno de los hitos más relevantes ha sido la aprobación en 2023 de la Ley de Economía Circular de Andalucía, una norma pionera que convirtió a la Comunidad Autónoma en la primera región española en dotarse de un marco legislativo específico para promover este modelo productivo. Esta ley establece las bases para avanzar hacia una economía en la que los productos, materiales y recursos se mantengan el mayor tiempo posible dentro del ciclo económico, reduciendo al mismo tiempo el impacto ambiental asociado a su producción y consumo.

La norma integra criterios de prevención de residuos, eficiencia en el uso de recursos y valorización de materiales, al tiempo que refuerza la coordinación entre las administraciones públicas y los agentes económicos y sociales implicados en la gestión de los residuos. Con ello, Andalucía se adelanta al propio calendario normativo de la Unión Europea, que tiene prevista la aprobación de una Ley Europea de Economía Circular en 2026, situando a la Comunidad Autónoma en una posición avanzada en la transición hacia este modelo productivo.

En paralelo al desarrollo normativo, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente ha avanzado en la elaboración de la Estrategia de Economía Circular de Andalucía, concebida como el instrumento de planificación que orientará las políticas públicas en esta materia durante los próximos años. Este documento definirá objetivos, sectores prioritarios y líneas de actuación destinadas a reforzar la circularidad de la economía andaluza, movilizando tanto recursos públicos como privados.

Para coordinar estas actuaciones se ha creado además la Oficina Andaluza de Economía Circular, un nuevo servicio administrativo encargado de impulsar, coordinar y realizar el seguimiento de las medidas destinadas a promover este modelo productivo. Junto a ella, la Junta ha impulsado el Centro de Innovación en Economía Circular, concebido como un espacio de colaboración entre administraciones, empresas, universidades y agentes sociales orientado a fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en este ámbito.

El impulso a la economía circular durante la legislatura también se ha apoyado en un importante esfuerzo inversor destinado a mejorar las infraestructuras de gestión de residuos en la comunidad autónoma. Entre las actuaciones ejecutadas o en ejecución se incluyen la construcción de plantas de tratamiento, la implantación de puntos limpios municipales y la clausura y restauración ambiental de vertederos históricos.

En conjunto, estas actuaciones han movilizado más de 48,5 millones de euros en inversiones directas en infraestructuras, de los cuales cerca de 43,3 millones corresponden a obras ya finalizadas y 5,2 millones a actuaciones actualmente en ejecución. Estas intervenciones han permitido ampliar la red de instalaciones destinadas a la gestión de residuos y mejorar la capacidad de tratamiento de distintas fracciones, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de reciclaje y valorización establecidos por la normativa europea.

El refuerzo de la red de instalaciones también se ha materializado en la creación de nuevos puntos limpios municipales, con la implantación de 21 infraestructuras de este tipo en distintos municipios andaluces durante la legislatura y la ejecución de otros cuatro proyectos adicionales actualmente en marcha. A esto se suma el importante apoyo financiero destinado a las entidades locales para mejorar la gestión de los residuos municipales. Durante la legislatura se han concedido más de 154 millones de euros en subvenciones dirigidas a financiar proyectos relacionados con la recogida separada de biorresiduos, la construcción de plantas de tratamiento o la mejora de instalaciones existentes.

Estas ayudas se enmarcan en distintas líneas de financiación vinculadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y han permitido reforzar la capacidad de los municipios para implantar sistemas de recogida selectiva y tratamiento de residuos orgánicos. Solo las actuaciones destinadas a la recogida separada de biorresiduos han concentrado más de 51 millones de euros, a los que se suman inversiones dirigidas a nuevas plantas de tratamiento y a la modernización de infraestructuras existentes.

En paralelo a estas actuaciones, se han otorgado seis condiciones de subproducto y nueve declaraciones de fin de condición de residuo a materiales procedentes de procesos industriales, permitiendo que sustancias que anteriormente se desechaban puedan transformarse en nuevos recursos productivos. Asimismo, se han inscrito 15 nuevos sistemas individuales de responsabilidad ampliada del productor en el ámbito de los aparatos eléctricos y electrónicos, reforzando así el principio de responsabilidad de los fabricantes en la gestión de los residuos generados por los productos que introducen en el mercado.

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