La Cámara de Cuentas y la Oficina contra el fraude firman un convenio para reforzar el control de los fondos públicos

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Cuentas de Andalucía y la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción han firmado este jueves en la sede de la Cámara de Cuentas un convenio marco de colaboración que permitirá optimizar sus recursos, compartir conocimientos y desarrollar iniciativas conjuntas, con el fin último de fortalecer la cooperación institucional en materia de control, prevención del fraude y fomento de la integridad pública.

El acuerdo ha sido suscrito por el presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, y el director de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, Francisco de Paula Sánchez. Este convenio establece un marco estable de colaboración entre ambas instituciones, que comparten el objetivo común de promover la transparencia, la rendición de cuentas y el uso eficiente y legal de los recursos públicos en Andalucía, tal como ha informado la Cámara en una nota.

La Cámara de Cuentas de Andalucía ejerce de fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos de la comunidad; mientras que la OAAF tiene encomendada la prevención, detección e investigación del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses en el sector público andaluz. Entre las principales líneas de actuación contempladas en el acuerdo destacan la colaboración en materia de formación, facilitando la participación recíproca del personal de ambas instituciones en sus respectivos planes formativos e intercambio de información.

Igualmente el desarrollo de actuaciones conjuntas, como la elaboración de guías de buenas prácticas, estudios, proyectos de investigación y la organización de jornadas y seminarios. En el acto de firma, Cardenete ha destacado que "la colaboración entre control externo y prevención del fraude nos hace más fuertes y eficaces en la defensa del interés general".

Por su parte, Sánchez Zamorano ha incidido en que "este convenio es un paso natural entre dos instituciones que comparten una misma vocación: velar por el correcto uso de los recursos públicos y garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones". El convenio prevé la creación de una comisión mixta de seguimiento, encargada de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos, resolver posibles incidencias y promover nuevas iniciativas de colaboración.

El acuerdo tendrá una vigencia inicial de cuatro años, con posibilidad de prórroga por un periodo adicional de hasta cuatro años. Con la firma de este convenio, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la integridad pública y consolidan un modelo de cooperación orientado a mejorar la prevención, detección e investigación del fraude y la corrupción en el ámbito del sector público andaluz.