CCOO-A cuestiona la Ley de Turismo sostenible de la Junta y pide que incluya la calidad del empleo como requisito

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Andalucía ha comparecido en el Parlamento para exponer su postura ante el proyecto de Ley del Turismo Sostenible de Andalucía. Durante su intervención, el sindicato ha señalado que el sector emplea a más de 500.000 personas y aporta casi el 12% del PIB regional, pero ha lamentado que "este éxito de cifras no haya ido acompañado de un éxito en la calidad de vida de quienes lo hacen posible". Ante esta situación, la organización ha cuestionado "estar ante un proyecto de Ley realmente sostenible y, en tal caso, para quién lo sería".

"La palabra sostenibilidad corre el riesgo de ser una operación de marketing al no establecer límites claros al crecimiento en zonas ya saturadas", ha expuesto. Asimismo, el sindicato ha considerado "incomprensible" que el documento "no incluya la calidad del empleo como un principio rector vinculante" y ha remarcado que "no habrá turismo sostenible si se basa en la precariedad y la externalización de servicios", según ha recogido CCOO-A en una nota.

Para CCOO-A, la ley debe exigir el "respeto estricto" a los convenios colectivos como condición básica para operar o recibir subvenciones públicas, así como "habilitar un régimen sancionador administrativo frente a los incumplimientos laborales". Por otro lado, la central sindical ha advertido de que el modelo de declaración responsable supone "un paso atrás" en el control administrativo, "abriendo la puerta a la competencia desleal y al fraude".

En esta línea, ha criticado que la norma es "demasiado tibia" con las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y frente a ello ha exigido "instrumentos contundentes" para limitar estas viviendas que, a su juicio, "están expulsando a las personas trabajadoras de los centros de las ciudades y encareciendo el alquiler de forma insoportable".

Ejemplo de ello, ha expuesto CCOO-A, son las más de 91.700 viviendas de uso turístico que soporta Málaga, más de 25.800 Cádiz y más de 12.000 Sevilla. Igualmente, ha reclamado que el uso eficiente del agua "sea obligatorio y no voluntario", y ha criticado la negativa a implantar una tasa turística "que ayude a sufragar la carga de los servicios públicos".

Finalmente, el sindicato ha pedido "valentía parlamentaria" para incorporar las enmiendas al entender que la Ley de Turismo Sostenible que plantea el Gobierno andaluz tiene la intención de ser un traje nuevo para el turismo, pero con las costuras débiles en lo social y lo ambiental y una ley que no cuida a sus trabajadores, a sus trabajadoras y a su entorno no es sostenible; es, simplemente, una ley de explotación de recursos".